El acusado Guido Ramón Vargas Gaete (exsecretario municipal del entonces intendente de Quyquyhó Esteban Samaniego, actual diputado) recusó al juez Humberto Otazú y logró suspender la audiencia preliminar de la actual intendenta de Quyquyhó, Patricia Corvalán, y de otros acusados por supuesto desvío de fondos.
El planteamiento fue presentado por el abogado Juan David Campuzano, quien alega que el juez penal de garantías, Humberto Otazú, habría adelantado criterio al referirse a Vargas como supuesto cómplice en el momento de imponer medidas cautelares.
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Tras ser confirmado en la causa “Esteban Samaniego sobre enriquecimiento ilícito y otros” por una supuesta malversación de G. 1.108 millones de la Municipalidad de Quyquyhó cuando el diputado cartista fungía de intendente, el juez Humberto Otazú fijó para los días 14, 15, 16, 17 y 18 de julio, la audiencia preliminar para Patricia Corvalán y otros 13 acusados. Sin embargo, uno de los acusados recusó al magistrado por lo cual fue suspendida la audiencia.
Tercer intento de preliminar
Esta es la tercera ocasión en la que son citados los 14 procesados por el presunto daño patrimonial: Blanca Gloria Álvarez Vda. de Samaniego (madre del parlamentario cartista), Carlos Aurelio Bareiro Bogarín, Damián de Jesús Galarza Dárdano, Patricia Adriana Corvalán Gabriaguez.
También están procesados Andrés Alfredo Arrúa Brítez, Manuel Olazar Duarte, Enrique Javier Lovera Lezcano, Guido Ramón Vargas Gaete, Cristhian Daniel Domínguez Aponte, Óscar Samuel Fanego Otazú, Líder Catalino Ramírez Ramírez, Pedro Osvaldo Etienne Villanueva, Benigno Villasboa Cáceres y Ruth Mercedes Medina Yegros.
En la audiencia del 22 de mayo pasado, no se pudo avanzar ya que el exjefe de la UOC durante la administración de Samaniego, Enrique Lovera, presentó una recusación contra el juez Otazú, donde argumentó animosidad por parte del magistrado. Y también contra el fiscal Silvio Corbeta, quien se había ratificado en su acusación y solicitó que se prohíba a la intendenta Corvalán acercarse a la Comuna donde ejerce sus funciones.
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Esta recusación fue rechazada por el Tribunal de Apelación Penal Especializado, que además declaró inadmisible el recurso de apelación, considerando que se trataba de una maniobra dilatoria.
Mientras que en la primera convocatoria, fue la intendenta de Quyquyhó, Patricia Corvalán, quien recurrió ante la Sala Penal de la Corte, contra la resolución de la Cámara de Apelación que confirmó la decisión del juez Humberto Otazú de convocar a preliminar, luego de admitir la acusación del fiscal Silvio Corbeta por administración en provecho propio y lavado de dinero.
El fiscal Silvio Corbeta argumenta en su acusación que la pareja de políticos cartistas armaron una red de corrupción cuando Esteban Samaniego fungía de intendente y desviaron fondos para ejecutar las refacciones de su vivienda de Asunción con recursos provenientes de la comuna de Quyquyhó.
El diputado también está imputado en la causa, pero no puede ser sometido al proceso debido a que su pares de la Cámara de Baja no tratan los reiterados pedidos de desafuero y de esa manera zafa, hasta ahora, de la justicia.