El fiscal Anticorrupción, Silvio Corbeta solicitó la prisión preventiva de ambos ex funcionarios municipales debido a las reiteradas chicanas que realizan para evitar la realización de la audiencia preliminar.
Enrique Javier Lovera y Guido Ramón Vargas enfrentan cargos por administración en provecho propio, lavado de dinero y asociación criminal, a raíz del presunto desvío de G. 1.108 millones entre los años 2017 y 2018.
Según la investigación, los fondos habrían sido utilizados por el entonces intendente Esteban Samaniego y su esposa, Patricia Corvalán (actual jefa comunal), para la adquisición de bienes inmuebles y la construcción de una residencia en Asunción, que pusieron a nombre de Blanca Álvarez viuda de Samaniego, madre del legislador.
El pedido de prisión fue presentado por el fiscal, luego de que la audiencia preliminar fuera postergada nuevamente esta mañana, debido a la recusación planteada contra el juez Otazú por parte de Lovera y Vargas Gaete.
En su requerimiento, el fiscal Corbeta alegó que la solicitud es para garantizar la realización de la audiencia preliminar, atendiendo a que los acusados han incurrido reiteradamente en conductas obstruccionistas dirigidas a dilatar el inicio de la audiencia preliminar, mediante diversos recursos legales y otras maniobras procesales.
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Además de los citados, también están acusados en la causa: Manuel Olazar Duarte, Andrés Alfredo Arrúa Brítez, Damián de Jesús Galarza, Christian Daniel Domínguez, Carlos Aurelio Bareiro Bogarín, Ruth Mercedes Medina Yegros, Óscar Samuel Fanego Otazú y Patricia Corvalán, para quien el fiscal ya había solicitado su apartamiento del cargo para resguardar el proceso.
El diputado Esteban Samaniego no fue acusado formalmente debido a que goza de fueros parlamentarios. Pese a los reiterados pedidos de desafuero realizados por el Ministerio Público, la Cámara de Diputados con mayoría del cartismo, sigue congelando el tratamiento.