La Asociación de Policías del Alto Paraná (Asopap), recibió un total de G. 150 millones para instalar equipamientos en una clínica privada, tanto de la Gobernación departamental, a cargo del Cesar “Landy” Torres, así como de la Municipalidad de Ciudad del Este a cargo del entonces intendente en funciones, Miguel Prieto.
Según consta en la web de la Contraloría General de la República (CGR), el 22 de abril pasado, la Gobernación del Alto Paraná aprobó la transferencia de G. 50.000.000 a la Asopap. En la nota adjunta a la rendición, señalan que el objetivo de estos fondos es la adquisición de equipos para la sala de fisioterapia y ginecológica de la Policlínica “Policías Mártires de Curuguaty”.
Adicionalmente, el 31 de enero pasado, la Municipalidad de Ciudad del Este también transfirió G. 100.000.000 a la Asopap, según consta en registros de la CGR. La rendición señala que estos recursos están destinados a la adquisición de equipos para consultas oftalmológicas.
Conflicto de intereses
La gestión de las millonarias donaciones se realizó durante la gestión del anterior presidente de la Asopap, Oscar Amarilla.
Sin embargo, el pasado 1 de mayo asumieron las nuevas autoridades para el periodo 2025-2029. La directiva fue integrada por Oscar Florentín y Julio González como presidente y vice. También figura como protesorero, Augusto Lima.
Lima, según consta en registros del MEF, actualmente es titular de la Secretaría del Interior de la Gobernación. En junio de 2023 y en el ejercicio de su cargo estatal, participó de un acto de donación de medicamentos a la entidad privada, en claro conflicto de intereses.
Salud pública en ruinas
Mientras tanto, pobladores del departamento de Alto Paraná vienen denunciando un importante abandono de las autoridades regionales al Hospital Regional de Ciudad del Este.
Según registros periodísticos, el centro de salud carece de ambulancias, no tiene reactivos disponibles y cuenta con una infraestructura en ruinas, con manchas de moho, goteras hasta caídas de techos.
Antecedentes de la Aso
En 2018, su expresidente, Fermín Deleón, fue candidato a diputado departamental por el movimiento “Paraguay seguro”. Posteriormente, se desempeñó como director de transito y seguridad en la gestión de la intendencia interina, Perla de Cabral (ANR-Cartista). En 2023, Deleón volvió a candidatarse y esa vez para Senador por el Partido Nacional de la Gente - 30A.
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En diversas ocasiones, la Asopap ejerció presión política. En julio de 2015 anunciaron una movilización de familiares de policías para exigir la destitución del Ministro del Interior, Francisco de Vargas.
Luego, en 2019, lideró protestas con amenaza de cierre del Puente de la Amistad, en rechazo a la propuesta del Ejecutivo de arrebatar atribuciones a la Policía, amenazando con que los agentes activos realizarían un “brazos caídos” y exigiendo la destitución del entonces Ministro del Interior, Juan E. Villamayor.
Preocupante activismo
El 11 de junio de 2024, el Ejecutivo promulgó la Ley N° 7280 “De Reforma y Modernización de la Policía Nacional”, que derogó la anterior Ley N° 222/93 “Orgánica de la Policía Nacional”.
Bajo la antigua Ley, el personal policial activo tenía una prohibición general de ejercer otros cargos públicos o privados, remunerados o no, con la única excepción de la docencia o la investigación científica a tiempo parcial. Esta ley también les impedía expresamente ejercer el comercio, la industria, actividades profesionales o políticas. afiliarse a partidos o movimientos políticos, así como desempeñar cargos en organismos oficiales o privados, partidos, asociaciones o movimientos políticos.
Sin embargo, la Ley 7280 introduce una flexibilización clave en su Artículo 11 rememorando prácticas propias de la dictadura Stronista, al permitir explícitamente a policías activos participar en actividades gremiales como Círculos de Oficiales, Asociaciones, Cooperativas, Fundaciones, Clubes, entre otras, siempre que no exista un conflicto de intereses, y que no interfiera o se superponga con el cumplimiento de funciones asignadas.
Confirman transferencias
ABC contactó con Amarilla, quién confirmó las donaciones, señaló además que Lima ocupó el cargo de pro-secretario durante la gestión anterior y que nunca existió prohibición de asociación a policías activos, a pesar de reconocer los cambios en la ley.
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Por otra parte, el Gobernador Torres confirmó la transferencia “por primera vez”. Sin embargo, indicó que el vínculo data desde el 2003, con la cesión de uso del predio de la clínica. Por su parte, Prieto no respondió a las llamadas a su celular con terminación 678,