El abogado Marco Aurelio González fue propuesto por el Ejecutivo para ocupar una vacancia en el directorio del Banco Central del Paraguay (BCP), en reemplazo del economista Humberto Colmán, quien está cumpliendo con el periodo en el colegiado establecido por ley.
El actual Procurador General de la República también se desempeña como vicedecano en la Facultad de Derecho UNA, designación que muchos expertos y profesionales califican de una grave irregularidad.
El abogado Hugo Estigarribia explicó de entrada que el nombramiento de Marco Aurelio González, como vicedecano de la Facultad de Derecho UNA “es nulo, pues en su nombramiento, ante el Consejo Directivo de la Facultad, no presentó documentos que lo eximan del cumplimiento de la Ley 6.837 Orgánica de la Procuraduría General de la República”.
Ahora, si es designado como miembro del Directorio del BCP, la ley no le va a permitir ser vicedecano, salvo que acciones de inconstitucionalidad contra la ley orgánica del Banco Central, indicó Estigarribia a ABC Color.
Este hecho generó muchos conflictos, atendiendo la incompatibilidad de los cargos, puesto que la Ley 6.837 Orgánica de la Procuraduría General de la República, en su artículo 7 señala que el Procurador General “no podrá ejercer el comercio, la industria o actividad profesional alguna, remunerada o no, salvo la docencia o la investigación científica”.
“Lo más probable es que va a tener que renunciar a la Facultad de Derecho o van a tener que sacarlo porque no pueden violar la ley de una forma tan flagrante”, subrayó Estigarribia.
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Ahora, con su designación como nuevo miembro del Directorio del BCP, Aurelio González estaría atravesando por el mismo inconveniente, por lo que, en teoría, debería renunciar al cargo de vicedecano de la Facultad de Derecho UNA, ya que este es un cargo administrativo y no de docencia.
El artículo 12 de la Ley 489 orgánica del Banco Central del Paraguay señala que: “El Presidente y los Directores Titulares se dedicarán a tiempo completo al servicio exclusivo del Banco Central del Paraguay. Sus funciones son incompatibles con el ejercicio de otra actividad o cargo, con o sin retribución, salvo el de la docencia. El Presidente y los Directores Titulares no podrán desarrollar actividades de índole político, partidaria, ni ocupar cargos directivos en entidades gremiales o políticas mientras se hallen en ejercicio de sus cargos”.
Esta movida abre dos posibilidades de tinte político. Que el nombramiento sea meramente político, es decir, una forma de sacarlo del camino sin generar mayor confrontación. O que se busque diluir tensiones internas en la Procuraduría y la Facultad de Derecho, dos espacios altamente politizados y con conflictos activos en los que su figura genera divisiones.
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El significativamente corrupto
Otro de los grandes cuestionamientos a Marco González es su vinculación con el criticado miembro del Consejo de la Magistratura (CM), Jorge Bogarín Alfonso, quien se salvó de un juicio político en la Cámara de Diputados, gracias al salvataje de los cartistas y satélites.
Bogarín también fue declarado “significativamente corrupto” por el gobierno de Estados Unidos, el 23 de marzo del año 2023.