En conversación con medios de comunicación este viernes, Máximo Medina, director jurídico de la Cámara de Diputados, habló de la situación de Miguel Ángel Robles, funcionario suspendido de la Cámara Baja y ex jefe de gabinete de la Gobernación de Central quien ayer recuperó su libertad ambulatoria luego de seis meses de prisión tras haber sido condenado en primera instancia por un caso de desvío de fondos que también resultó en la condena del exgobernador Hugo Javier González.
A la par de su cargo de jefe de Gabinete en la Gobernación de Central, Robles –quien fue señalado como el “cerebro” del esquema de corrupción por el que fue condenado junto a González- era funcionario “asesor” en la Cámara de Diputados, con un sueldo mensual de 11 millones de guaraníes.
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Medina explicó que Robles se encuentra suspendido sin goce de sueldo desde enero, cuando entró a prisión de forma preventiva a la espera de que la condena en su contra sea ratificada o revocada en segunda instancia por un Tribunal de Apelaciones, un trámite aún pendiente.
Sin embargo, debido a que Robles recuperó ayer su libertad ambulatoria –teniendo en cuenta que, según la Constitución Nacional, una persona no puede estar en prisión preventiva por más tiempo que la pena mínima para el delito del que se la acusa–, este tiene derecho a solicitar su reingreso a la Cámara Baja y que se levante la suspensión.
“El funcionario Miguel Robles actualmente se encuentra con una suspensión ( por tiempo indefinido) en el cargo sin goce de sueldo, desde el mes de enero (cuando ingresó al Penal de Tacumbú), (...) y ahora que tomamos conocimiento a través de los medios que cuenta con libertad ambulatoria y que la condena no se encuentra firme, él puede pedir su reingreso y que se le levante la suspensión”, confirmó Medina.
Era investigado por ausencias
Medina explicó que la ley indica que un funcionario público privado de su libertad debe ser suspendido sin goce de sueldo, pero no se lo puede desvincular hasta que tenga sentencia firme y ejecutoriada.
“No le podemos desvincular porque no tenemos condena firme y ejecutoriada”, alegó Medina. Agregó que, antes de su condena, Robles estaba siendo investigado por “reiteradas ausencias injustificadas cuando estaba en libertad”, 46 en total, que llevaron a la apertura de un sumario administrativo en su contra que derivó en otra suspensión de 30 días sin goce de sueldo.
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Si Robles se reintegra a la Cámara Baja, esa suspensión de 30 días deberá aplicarse, indicó Medina.
Sin embargo, el director jurídico señaló que, hasta el momento, no ha presentado una solicitud de volver a Diputados.
“El puede venir, pedir su reincorporación, nosotros vamos a analizar. Él tiene que adjuntar la resolución donde el juzgado le otorga la libertad. La cámara podría conceder o no otorgar, pero él tiene derecho de reintergrarse al no tener condena firme”, apuntó
Si bien su afirmación de que la “cámara podría conceder o no” a la restitución, luego reconoció que es casi un hecho de tendrían que acceder al pedido, ya que de los contrario podrían exponerse a una demanda laboral.
“Yo no puedo tomar una decisión (como echarlo) acusándolo o declarándolo culpable si el propio Tribunal no tiene la sentencia firme y ejecutoriada” ni mantener la suspensión, ya que “sería incumplir la ley, pero tendríamos que analizar”.
Finalmente agregó que si Robles pide su restitución y acceden, tendrán que ver donde lo ubican, ya que pese a tener salario de G. 11 millones, no tiene funciones claras.
“Una vez que solicite, vamos a tener que ver donde ubicarle y va a tener cumplir el horario y cumplir las funciones. Y una vez que se reintegre, va a aplicarse también la sanción pendiente, porque esa sanción de 30 días sigue pendiente”, dijo.
Otro cuestionado ya continúa campante
El director jurídico e interino de Recursos Humanos de la Cámara de Diputados, Máximo Medina también confirmó el retorno y cobro íntegro de sus salario del exdirector de Fortalecimiento Institucional y Cooperación Internacional, Willian Bogarín Campuzano, que en diciembre del año pasado fue detenido por presuntamente integrar una rosca que -según la Fiscalía- estafó por unos US$ 1,6 millones a colonos menonitas de Santa Rosa del Aguaray.
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El funcionario se restituyó a la cámara en junio pasado tras estar casi seis meses con “suspensión por tiempo indefinido”, ya que también llegó a estar preso.
“Bogarín, según lo que nos manifestaron -ya que tampoco tenemos comunicación oficial- él tiene sobreseimiento en su causa, (y corresponde que siga en su cargo) porque él no tiene condena, tiene luego sobreseimiento y además tuvo libertad ambulatoria anteriormente”, dijo Medina.
Bogarín el mes pasado volvió a cobrar su salario de G. 19.300.000 y fue reasignado a la oficina de su madrina política, la diputada cartista Jazmín Narvaez.
A Medina también se le consultó por otro caso mediatizado, el del funcionario Víctor Daniel Ávalos Armoa asignado al diputado cartista Carlos Marcial Godoy y con supuestos antecedentes vinculados a drogas, pero dijo que tras verificar, no obran dichos antecedentes en su legajo.