En un contexto donde el precio de los combustibles sigue impactando directamente en el costo de vida de la ciudadanía, la senadora Esperanza Martínez, del Frente Guasu, anunció la presentación de un proyecto de ley que busca transparentar la estructura de costos del sector.
“El combustible es un recurso estratégico que impacta en el transporte, los precios de otros productos y el bolsillo”, expresó la legisladora. Según Martínez, la falta de claridad en un mercado con pocos actores hace que los aumentos de precios sean difíciles de explicar y aún más difíciles de justificar.
El proyecto —titulado “Ley que establece la transparencia de la estructura de costos del precio y del mercado de combustibles comercializados al público en la República del Paraguay”— propone la publicación abierta, accesible y actualizada de los precios, volúmenes y márgenes aplicados en toda la cadena de comercialización.
¿Qué establece la iniciativa legislativa?
De acuerdo con el artículo 1°, la normativa tiene por objetivo implementar un régimen integral de transparencia en la comercialización de combustibles. Esto incluye:
- La divulgación de los volúmenes vendidos
- El detalle de los precios aplicados por cada eslabón de la cadena
- El acceso público a los datos, de manera verificable y comprensible
Según el artículo 2°, la ley se aplicará a todos los actores económicos, desde la importación, pasando por la distribución mayorista, hasta la venta minorista.
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Con esta normativa, los proyectistas buscan desde el Senado que la ciudadanía acceda a información clara, fomentando la competencia leal y protegiendo al consumidor final.
“No hay crecimiento si la gente no vive mejor”, afirmó Martínez, remarcando que la iniciativa no solo es económica, sino también social y ética.
Las empresas deberán informar, mediante declaración jurada, sobre sus costos, incluyendo aspectos como el precio de origen, la logística internacional, la logística y distribución interna, la comercialización minorista, así como los impuestos y subsidios, debiendo esta información estar disponible al público a través de portales oficiales.
El proyecto propone que el Ministerio de Industria y Comercio sea la autoridad de aplicación de la ley, sin perjuicio de las funciones que corresponden a la Secretaría de Defensa del Consumidor y a la Comisión Nacional de la Competencia en sus respectivos ámbitos.