Senado debatirá millonario préstamo para ruta PY22 en medio de fuertes críticas a empresas fiscalizadoras

El Senado tratará este miércoles, como quinto punto del orden del día, el proyecto de ley que busca autorizar un préstamo de US$ 185 millones para la rehabilitación de la ruta PY22, que une Concepción, Vallemí y San Lázaro. Sin embargo, el plan del Ejecutivo llega al Congreso en medio de durísimas críticas de la oposición hacia el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y, en especial, hacia las empresas fiscalizadoras de obras viales.

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El deterioro de la ruta PY22, tramo Concepción- Vallemí, preocupa a los habituales usuarios de esta importante vía.

La ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, defendió el proyecto alegando que la ruta “necesita una rehabilitación integral” debido al crecimiento del tráfico y al deterioro de la vía. “Estamos haciendo prácticamente una reconstrucción de todo ese eje vial, una ruta que ha sido desatendida todos esos años”, sostuvo.

Centurión explicó que, además de conectar comunidades postergadas, la ruta será clave para la logística de la planta de celulosa Paracel, un emprendimiento que requerirá un corredor vial preparado para tráfico pesado.

“Es un complejo vial importante dentro del departamento de Concepción, con carreteras de altísimo estándar”, afirmó.

Críticas de la oposición: “Una organización delictiva”

El debate en el Senado fue subido de tono. El senador Líder Amarilla (PLRA) lanzó una catarata de críticas, señalando que la ruta PY22 ya fue construida entre 2013 y 2019 por US$ 160 millones con fondos del FOCEM, y que las mismas empresas que participaron en aquel proceso hoy “siguen trabajando campantemente”.

“Esta es una organización delictiva de la gran puta. Disculpen la expresión. Las rutas se destruyen en tres o cuatro años y las empresas fiscalizadoras siguen cobrando millones. Esto es un saqueo al Estado paraguayo”, sentenció.

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Amarilla denunció que se gastan más de US$ 100 millones en contratos de fiscalización, sin consecuencias penales para las empresas que certifican obras de mala calidad. “Estas empresas deberían estar en la cárcel. Se accidenta gente, muere gente, y no pasa nada”, reclamó.

También apuntó directamente al MOPC por no denunciar a las fiscalizadoras: “No lo hacen porque son parte de la misma rosca. Pido que Obras Públicas intervenga y denuncie”.

Esperanza Martínez: “¿Quién responde por la mala calidad?”

Desde el Frente Guasu, la senadora Esperanza Martínez sumó su voz al reclamo. Cuestionó la durabilidad de la obra anterior y preguntó si los contratos de fiscalización contemplan sanciones penales en caso de mala praxis: “¿Cobran nomás o hay cláusulas punitivas? ¿Quién responde cuando la ruta se cae en cinco años?”

Recordó además que el mal estado de las rutas está directamente relacionado con los accidentes de tránsito y que, según estudios internacionales pueden evitarse con infraestructura adecuada.

Celeste Amarilla: “Todo esto fue para la cementera de Cartes”

Por su parte, la senadora Celeste Amarilla (PLRA) denunció que la ruta fue construida originalmente para servir a la cementera del expresidente Horacio Cartes, y que no se completó correctamente porque “se apuraron en inaugurarla antes de que se fuera del gobierno en 2015”.

“La última capa, la de rodadura, ni siquiera se presupuestó. Cuando ganó Marito, como era obra para Cartes, no la continuaron. Así nos perjudica esta interna colorada, por años”, lanzó.

Senadores de la oposición y del oficialismo en la reunión de la comisión de Hacienda y Presupuesto del Senado.
Senadores de la oposición y del oficialismo en la reunión de la comisión de Hacienda y Presupuesto del Senado.

Afirmó que el terreno difícil y el evidente crecimiento del tráfico en la zona eran elementos previsibles. “Pero no importó, porque de lo que se trataba era de llegar a la cementera. La culpa es de las fiscalizadoras que no alertaron sobre esto”, dijo.

Respuesta del MOPC: falta de recursos y cambios en el uso vial

Frente a las críticas, la ministra Centurión explicó que dos factores contribuyeron a la rápida degradación de la ruta: la falta de mantenimiento adecuado y el aumento del tráfico pesado, en parte por el desarrollo económico en la zona.

La ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión con su equipo técnico en la reunión de la comisión de Hacienda en el Senado.
La ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión con su equipo técnico en la reunión de la comisión de Hacienda en el Senado.

“Las condiciones cambiaron. Hoy hay mucho más tránsito. Además, la obra terminó en 2015, cuando el tránsito era prácticamente inexistente. El mantenimiento por contrato era de cinco años, pero los recursos que ingresan por peaje no son suficientes para cubrir las necesidades actuales”, señaló.

Sobre la fiscalización, Centurión no hizo referencia directa a sanciones ni a investigaciones, aunque los senadores opositores insisten en que el MOPC debe denunciar penalmente a las empresas que avalaron obras de baja calidad y establecer en los contratos algunas sanciones por avalar obras de mala calidad.

El proyecto cuenta dictamen de aprobación de la comisión de Hacienda y Presupuesto del Senado.

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