La mayoría oficialista (45 votos en contra y 11 por la aprobación) en Cámara de Diputados rechazó el proyecto de ley “que modifica y amplía el artículo 9 de la Ley Nº 6980 del año 2022, y establece mecanismos y procedimientos para la fase III de derribo de aeronaves en protección de la soberanía nacional y la prevención del tráfico ilícito”.
El desenlace estaba cantado ya que lo había anunciado el presidente de la Cámara, el diputado cartista Raúl Latorre, el cual fue respaldado mediante una publicación en X por la Embajada de los Estados Unidos de América en Paraguay.
“Nos hubiese gustado que el colega que presentó el proyecto espere su inicio (del control aéreo con la ley vigente) y sus primeros resultados, y si pasando el tiempo vemos la necesidad, o nos hacen llegar los pilotos o encargados de este proyecto la necesidad de cambiar la ley, entonces lo hagamos en ese momento, pero me ratifico que hoy no es necesaria la modificación de esta ley”, dijo a favor del rechazo el diputado cartista y miembro ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), Diego Candia.
El presidente de la comisión de Legislación, Jorge Ávalos Mariño (PLRA, A) defendió el dictamen a favor, diciendo que no existe discrecionalidad para la actuación de los pilotos ni orden imperativa de derribo, ya que se establecía claramente que estos debían actuar por órdenes del Comandante en Jefe.
Otro de los que argumentó en contra fue el diputado aliado cartista, Santiago Benítez, quién alegó supuestos impedimentos constitucionales como ser el derecho a la vida, a la presunción de inocencia y al debido proceso.
“Claramente el artículo 4 (de la Constitución) establece el derecho a la vida, que la pena de muerte queda abolida y el derribo de una aeronave sin proceso previo ni condena firme implica ejecución extrajudicial y vulnera frontalmente este principio constitucional”, refirió Benítez.
Por su parte, el diputado colorado disidente Mauricio Espínola (ANR, Fuerza Republicana) argumentó su postura por el rechazo alegando que la ley actual es la que “está dentro de los lineamientos, leyes y convenios internacionales a los que Paraguay está suscrito” y que también podría acarrear sanciones o restricciones de países cooperantes, entre ellos, Estados Unidos.
“Si aprobamos la ley de derribo hoy, podríamos estar imposibilitados en el futuro de mantener cooperación con la fuerza aérea, la capacitación con nuestros pilotos, compartir información y hasta la licencia de venta total o parte de aeronaves”, dijo Espínola.
Acotó que según información extraoficial que maneja, “los Super Tucanos que se han adquirido, tienen algunos software que dependen de licencias norteamericanas”.
“Raquíticos tucanos” servirán de “espantapájaros”
El diputado liberal Diosnel Aguilera se mostró crítico al rechazo, tanto por la incapacidad de respuesta del Gobierno, pero sobre todo, por el préstamo de US$ 105 millones para la compra de 6 Super Tucanos para combatir a los vuelos irregulares, que a su criterio, sin Ley de derribo, serán simples “espantapájaros”, o peor aún, como escoltas de los narcos.
“No puedo dejar de mencionar el fiasco de nuestros aviones Super Tucano. Compramos, anunciamos con bombos y platillos la llegada de nuestros raquíticos tucanos, pero nos negamos rotundamente a tener ley para el derribo de aviones” y “estamos endeudando a los paraguayos por US$ 105 millones para comprar 6 aviones que va a cumplir el mismo papel que un espantapájaros", dijo Aguilera.
El legislador afirmó que el espantapájaro “evita que se baje ahí el loro (en el maizal), pero no se elimina la amenaza. Sigue ahí rondando y en algún momento se va a comer nuestro maíz” y ratificó que “si no tenemos Ley de Derribo, compramos al pedo nuestro Super Tucano, que repito son bastante raquíticos”.
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Finalmente, tampoco descartó un escenario pero, ya que “si estos Super Tucanos terminan en manos de los corruptos de siempre, vamos a usar para proteger al crimen organizado y el narcotráfico que desde décadas viene operando desde los poderes de la República".
Tucanos se suman a los “Policías de Halloween”
El proyectista de la iniciativa, Rubén Rubín (independiente) también insistió con que las dos fases actuales que plantea la ley: Fase I y II no son persuasivos para el crimen organizado, ya que según dice, lo único que desalentará es el derribo.
| Fases vigentes con la ley actual |
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Fase l: Se refiere a la interceptación de una aeronave y al establecimiento de comunicaciones con ésta a través del uso de comunicación por radio o señales visuales, y ordenando a la aeronave interceptada a aterrizar en la pista adecuada más cercana. |
Fase ll: Se refiere de señal, utilizando municiones que contengan el piloto se entere de que ha sido interceptado. al uso de disparo de advertencia como medida cartuchos trazadores, para asegurarse de que el piloto se entere de que ha sido interceptado. |
*Posible habilitante de derribo: Art. 7: Legítima defensa: El término “legítima defensa” se refiere al uso proporcional de la fuerza en contra de una aeronave civil por parte de un funcionario del Estado o de una autoridad competente de Paraguay, que razonablemente cree que la aeronave o su tripulación representa una amenaza inminente de daño físico grave para sí mismo o para otros y que ninguna alternativa razonablemente sugura disipe esa amenaza. |
Rubín insistió que Uruguay y Brasil aplican la fase III (derribo) y que paradójicamente, para la ley actual “la vida del narcotráficante está por sobre la vida del piloto paraguayo”.
Comparó con el caso de los policías “exprés” que egresan durante este gobierno, sin que siquiera se los dote de armas de fuego.
“Nosotros hoy tenemos 'policías de Halloween’, se disfrazan de policía, no tienen ni pistola con el argumento disuasivo. Así como dicen que tener Super Tucanos es disuasivo. Eso no es disuasivo, meterle bala al crimen organizado es disuasivo, echar aviones narcos es disuasivo", dijo Rubín.
También acotó que muchos colegas le confesaron que hubo presiones para el rechazo de su proyecto y que lo que se pretende es dar las facultades y no la obligación, el comandante en Jefe y presidente de ordenar el derribo.
| Planteamiento rechazado |
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La Fase III: se refiere al acto de derribar una aeronave civil o militar, drones y otro tipo de aeronaves, tripuladas o no, que, tras haber sido interceptada en las Fases I y II, persiste en su negativa a cumplir las órdenes de aterrizaje emitidas por la Fuerza Aérea Paraguaya y representa una amenaza inminente y grave para la seguridad nacional, la integridad territorial, o la vida de las personas el aire y en tierra. |
Finalmente insistió en que para sus colegas es “polémico” derribar aviones narcos pero no los es que pululen las narcoavionetas. También remarcó la “contradicción” del Gobierno, ya que preguntó qué harían si un avión vuela sobre el Palacio de Gobierno y la respuesta fue que lo echarán. Entonces qué ¿la vida de Santiago Peña vale más? que el resto de los paraguayos, él es de la realeza acaso?“.
“Nosotros tenemos que mandar el mensaje al crimen organizado que el costo/beneficio de Paraguay cambió, que si vos entras a nuestro espacio aéreo te vamos a meter bala, que si vos le ves a un Super Tucano, va a ser lo último que vas a ver en tu vida“, apuntó finalmente Rubín.