La nota oficial que lleva la firma del presidente de la República, Santiago Peña y de la ministra de la Mujer, Cynthia Figueredo, está dirigida al titular del Congreso, el senador Basilio “Bachi” Núñez (ANR-HC). La nota refiere que a través del decreto N° 4121, con fecha 24 de junio pasado, el Poder Ejecutivo devuelve el proyecto de ley N° 7472 que “crea Juzgados y Tribunales Especializados en materia de violencia dentro del grupo familiar“, sancionado por el Senado, el 23 de abril pasado.
Hasta el momento, el decreto de rigor no está publicado en el portal de la Presidencia de la República. El hecho es llamativo. Como dato no menor es que la ministra de la Mujer, Cynthia Figueredo, recomendó al el veto.
Con un dudoso quorum en el Senado, el cartismo rechazó crear juzgados especializados en violencia a la mujer. En su lugar, se sancionó la versión desvirtuada en Diputados, que crea juzgados de violencia en el grupo familiar.
La aprobación se dio con un quorum que fue puesto en duda por referentes de la oposición y a tambor batiente mediante los votos de senadores oficialistas, “satélites” y liberocaristas en una sesión extraordinaria.
La mencionada sesión fue convocada aceleradamente después que la sesión ordinaria quedara sin quorum cuando los opositores y colorados disidentes abandonaron la sala de sesiones a modo de protesta.
El expediente fue sancionado finalmente en la versión de la Cámara Baja. Los proyectistas e impulsores de la versión original, liderados por la senadora Lilian Samaniego (ANR, Ind), señalaron que las modificaciones introducidas en la Cámara de Diputados desvirtúan la protección integral a las mujeres y la esencia de la creación de los juzgados y tribunales.
Cuestionamientos
En el uso de la palabra, los opositores cuestionaron duramente a los oficialistas. Repudiaron que los cartistas y sus “periodistas” usen discursos de luchar “contra las agendas de las ONG” pese a que el proyecto representaba una deuda con la sociedad y con las mujeres víctimas de violencia.
La senadora Esperanza Martínez (Frente Guasu) recalcó que más de 33.000 casos de violencia contra la mujer esperan justicia. Yolanda Paredes (Cruzada Nacional) repudió que Diputados haya convertido el proyecto en juzgados especializados en casos “familiares” pese a que la mayoría de los casos de violencia vienen fuera de la familia, con exparejas y exnovios.
Lamentó que algunos “oscuros personajes del periodismo paraguayo”, sin dar nombres, “salgan a decir que el proyecto es inconstitucional”. Lamentó que estos perifoneros busquen hacer creer a la ciudadanía que este es un “proyecto oenegero ndajeko. ¿Que las ONG nos dictan las reglas de conducta y direccionan nuestros votos? Pero qué ofensa, yo jamás hice ni un curso de 10 minutos de una ONG”, dijo.
Eduardo Nakayama (ex -PLRA) lamentó la postura oficialista y el Ministerio Público. “Si nosotros tenemos a la vista las estadísticas y hemos escuchado las opiniones claras por parte del ministerio de la Defensa Pública, de la Corte Suprema”, dijo.
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Agregó que también lamentaba la posición “de la Fiscalía cobarde inútil y yo diría, más que Mandrake, es un Teletubie este fiscal general del Estado”, recordando a Emiliano Rolón. “Cómo quisiera que alguna de sus hijas sufran la mitad de lo que estas mujeres sufrieron”, señaló Celeste Amarilla (PLRA)