La mayoría cartista y sus satélites en Cámara de Diputados sancionó hoy el proyecto de ley del “Sistema Nacional de Pagos”, impregnada con tufo manipulación del gobierno cartista de Santiago Peña, que introdujo llamativos cambios por debajo dela mesa, que ni siquiera admitió someter a audiencia pública y rechazó el pedido de postergación para un mayor análisis técnico, encendiendo aún más las sospechas de presunto interés beneficiar los negocios a los amigos del cartismo y que incluso daría facultades “expropiatorias” al Banco Central del Paraguay (BC).
El cartismo termina consumando el bastardeo a una ley que en general tenía total consenso, al que introdujeron por lo bajo modificaciones al artículo 4º inciso e y q, que permitirían al BCP -según sectores afectados como la firma Bancard- dividir a empresas para favorecer a otras “amigas”, como Ueno bank, exsocios comerciales del presidente de la República, Santiago Peña.
“Esta modificación no tiene otro objetivo más que permitirle a Ueno Bank entrar en el negocio y aquellos consumidores que creen que van a pagar menos y van a recibir un servicio su tiempo pierden su tiempo, van a seguir pagando lo mismo solo vamos a pagarle al equipo del presidente de la República”, resumió el diputado liberal Diosnel Aguilera (PLRA, C).
En medio del debate, el Partido Colorado utilizó peligrosos discursos de países socialistas que tanto supuestamente aborrecen, reconociendo la intención de con esta ley, de interferir artificialmente el la cuota de mercado de empresas privadas, obligado a la división de empresas antiguas, favoreciendo a los “amigos” que ahora quieren entrar al negocio.
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“Luego de una patoteada ayer (en comisiones) de algunos representantes de Bancard, que yo entiendo que es grande el zoquete había sido ahí y no estamos hablando precisamente de pobreza, entonces quiero tener la oportunidad de contar mi experiencia y que se trate en la fecha”, acusó el diputado aliado cartista Hugo Meza (ANR, B), rechazando la postergación.
No quedó clara la “patoteada” que acusó, ya que representantes de la Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban) y la firma Bancard ayer simplemente expusieron sus objeciones a dos artículos del proyecto en el único espacio que dio el gobierno, que introdujo las reformas a espaldas de todos.
Iniciativa inconstitucional y confiscatoria
“Que peligroso eso compañero. Qué peligroso y duro escuchar que con ese criterio político se estén manejando, debatiendo y tomando decisiones políticas desde el Ejecutivo. Resulta ahora porque hay sectores económicos que ganan mucho, entonces el Gobierno tiene que entrar a intervenir y a tomar decisiones”, cuestionó el diputado Rodrigo Blanco (PLRA).
Blanco destacó que las expresiones de Meza confirman lo que denunciaban sectores afectados, que es el gobierno busca una herramienta “confiscatoria”.
“Precisamente lo que reclaman estos sectores económicos es que se realizaron modificaciones al proyecto (...), precisamente sin debate, sin control, sin haberle corrido traslado ni participación a estos dos sectores, entonces había sido que había que meter estos dos articulados porque ‘había sectores que ganan mucho’“, señaló.
Posteriormente, el aspecto central de la segunda intervención de Blanco también enfatizó lo contradictorio que es que este “gobierna monopolizando, el poder, sin debate” y hablan de supuestamente querer combatir el “monopolio de sectores económicos, pero qué ironía”.
Además calificó de grave que “ahora se mete la mano en las reglas del sistema financiero impulsado leyes a medida, leyes que no saben del consenso técnico ni del interés general”.
“Debemos recordar también que la Constitución Nacional en su artículo 20 prohíbe expresamente la confiscación de bienes. Y aunque este proyecto no utilice esa palabra señores diputados, el tipo de facultades que se pretende conceder en los incisos mencionados, al permitir que una autoridad administrativa imponga reestructuraciones forzadas o suspenda decisiones internas de empresas privadas podría constituirse de facto en una forma encubierta de afectación del derecho de propiedad, sin proceso judicial y sin indemnización“, dijo.
El diputado Raúl Benítez (Independiente) también reclamó el burdo accionar del cartismo, que ya no siquiera disimulan el jugar a favor de los socios del presidente.
“Regalan que pensemos y digamos que acá lo que se está haciendo es jugar con los amigotes de Santi, del mismo banco que siempre se denuncia. Vamos na a poner seriedad. Datos, información, efectos que podría tener el proyecto, donde impactaría la economía y cómo nos afecta como país”, reclamó Benítez, quien fue interrumpido por el patoteo a los gritos de cartistas.
Benítez remarcó que el cartismo tiene una “ensalada ideológica en la cabeza”, ya que apenas hace unas semanas participaban de un foro de Ultra Derecha donde defendía la propiedad privada y ahora impulsan una ley confiscatoria.
También llamó a la ciudadanía a tener en cuenta que esto afecta al país, ya que ahuyenta a los inversores, ya que lo que demuestra es que “hay unos jugadores que por intereses propios te cambian las reglas de la noche a la mañana”.
“Ahora entramos en una dictadura económica”
El diputado Federico “Fredy” Franco (PLRA, PL) por su parte, advirtió que con esto el Gobierno da un siguiente paso en un sistema autoritario, que hasta ahora se limitaba al sector político, pero que ahora se meten con el sistema financiero.
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“Aca se le está limitando a una empresa a causa de su éxito y obligarle a que tenga que vender la parte donde otra empresa, en este caso del sector del presidente de la República pueda ser beneficiada. Estamos entrando en una dictadura financiera. Estamos en una dictadura política pero ahora estamos entrando a una dictadura financiera donde también se le golpea al sector empresarial”, dijo Franco.