Desde el 6 de junio último, el Tribunal De Cuentas Contencioso - Administrativo, 2da. Sala, integrado por los jueces Edward Vittone, Celeste Jara y Stella Maris Zárate (por la recusación de César Diesel Marín, hijo del ministro de la Corte), resolvió suspender la licitación de las 28.000 máquinas de votación, trámite que está a cargo del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) y autorizado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) a un costo de US$ 93 millones.
En una votación dividida, con la disidencia de Vittone, las magistradas hicieron lugar a una medida cautelar de la empresa paraguaya de software Bypar SA, cuyos representantes son Oscar Caballero y Porfirio Arana, siendo su abogado Eduardo Daniel Agüero.
Voceros de la Justicia Electoral indicaron que Bypar protestó contra la exigencia en el pliego de bases y condiciones de 10 años de experiencia a las empresas fabricantes de las máquinas, sin embargo, dicha firma no es fabricante sino proveedora de software.
El asesor técnico del TSJE Carlos Ljubetic dijo que la medida fue apelada ante la Sala Penal de la Corte (que preside María Carolina Llanes) y que el calendario electoral se está rehaciendo esperando que las máquinas estén en el país antes de diciembre.
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Por su parte, el senador opositor Ever Villalba (PLRA) advirtió que las reiteradas suspensiones formarían parte de un plan para volver a prorrogar los mandatos de los intendentes.
Los jefes municipales electos en 2015 debían entregar sus cargos en 2020 pero ante la pandemia se postergaron los comicios hasta el 2021.
Los intendentes entrantes aceptaron administrar por cuatro años (2021-2025) pero ya en funciones lograron que el Senado y el Ejecutivo extienda el mandato hasta el 2026.
“Estaríamos ante un nuevo atropello a la Constitución, justamente en el día en que celebramos su vigencia. Por eso es urgente trabajar por la unidad del partido y construir, desde allí, un verdadero proyecto de país”, instó el senador liberal Villalba.
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En cambio ,el diputado Mauricio Espínola (ANR, FR) viene denunciando que la licitación se estaría direccionando a firmas ligadas a Santiago Peña.
Las empresas que presentaron ofertas son: el Consorcio Paraguay Democrático, integrado por Selex (Marco Domaniczky), Excelsis (Daniel Sauca) y SmartMatic (Andrés Rombola). También el Consorcio Comitia MSA, conformado por la firma paraguaya Comitia y la argentina MSA; y Miru Systems, de origen coreano.
