Como un evento cíclico, Cetrapam volvió ayer a amenazar con un paro “natural” del servicio de transporte público, haciendo referencia a que simplemente se verán “obligados” a cortar la salida de buses ante la “falta de recursos” por la deuda de unos US$ 9,4 millones de subsidio por parte del Gobierno de Santiago Peña, que también tiene su cuota de responsabilidad, aunque el único que realmente paga los platos rotos es el usuario del transporte público.
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El gobierno también es cómplice de los transportistas, puesto que no utiliza las herramientas que posee, como ser el sistema de monitoreo del billetaje electrónico para controlar realmente el cumplimiento de las frecuencias y otras obligaciones de los empresarios -que salvo honrosas excepciones- viven aplicando reguladas.
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Esta complicidad entre empresarios y el gobierno cartista se pondrá a prueba el próximo marte 24 en la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, ya que como 4º punto del orden del día figura el proyecto de ley “que regula el uso de tarjetas en el servicio del transporte publico y canaliza el subsidio otorgado por el Estado a dicho servicio e incluye su uso en plataformas digitales de transporte”.
El proyecto presentado por el diputado Adrián “Billy” Vaesken (PLRA, C), en apretada síntesis, propone que el Estado deje de pagar el subsidio a los transportistas y se desembolse a cada usuario, que finalmente será el que “premiará” a las empresas que le brinden mejor servicio con su preferencia.
El proyecto también agrega como particularidad, la posibilidad de un pequeño subsidio para plataformas digitales (Uber, Muv, Bolt, etc), a fin de aliviar mínimamente a los que se vean forzados a utilizar estos servicios sobre todo de noche por la falta de buses.
El cartismo, que es mayoría en ambas cámaras, tiene la posibilidad de cortarles el chorro a lo empresarios abusivos, retirándoles el manejo del subsidio y obligándolos a proveer un buen servicio para ganarse la preferencia de los pasajeros.
Sin embargo, hay pocas esperanzas de que esto prospere, ya que el proyecto tiene dictamen por el rechazo de las comisiones de Obras, Servicios Públicos y Comunicaciones y la de Asuntos Económicos y Financieros, donde el cartismo también tiene mayoría.
Hasta ahora, el gobierno ha boicoteado todas las propuesta de reforma del sistema de transporte público, con la excusa de que presentaría una iniciativa propia, que lleva ya más de un año siendo solo promesa.