La Contraloría General de la República (CGR) constató que la Municipalidad de Mariano Roque Alonso, cuya intendenta es la liberocartista Carolina Aranda, gastó más de G. 1.000 millones en el rubro de “Servicios Sociales”, pero sobre todo llama la atención que por servicios de sepelio pagó de G. 3.000.000 hasta G. 28 millones.
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Según los documentos, en una primera partida se pagaron G. 409 millones para brindar asistencia por sepelio y acompañamiento fúnebre durante el 2021. En tanto que, ya con un paquete de “contrato abierto”, sin realizar una licitación por concurso la intendenta Carolina Aranda pagaron G. 630 millones. La mayoría de los servicios fueron realizados por la empresa “Jardín Celestial”.
La Contraloría dijo que encontró documentación muy desordenada con respecto a dichas adquisiciones y también cuestionó el sistema de contrato abierto.
En su descargo, Carolina Aranda dijo que, como estaban en “plena pandemia”, llamar a una licitación iba a retrasar la ayuda, lo que dejó en evidencia que ninguneó la ley de Contrataciones Públicas.
También durante el 2021, en el rubro de ayuda social destinó más de G. 2.500.000 para comprar cada bolsa de pollos que supuestamente donó.
Se detectó también la falta documental de G. 434 millones supuestamente pagados por el Servicio de Aseo Urbano. Tampoco hay documentos por el Servicio Técnico y Profesional por G. 165 millones.
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Además, se pagó por papelería G. 110 millones y G. 82 millones por insumos de oficina sin contar con respaldo documental.
La CGR también encontró desprolijidades en el rubro de bienes de consumo por G. 474 millones sin documentos, y las trasferencias a instituciones educativas o sin fines de lucro por G.710 millones, sin documentación adecuada.
Según la Contraloría, la municipalidad de Mariano no exigió a los beneficiarios la presentación de los documentos, como la constancia de inscripción en el registro de sujetos obligados de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).
Otra de las observaciones realizadas por el ente contralor a la gestión de la liberocartista es el escueto formato de las planillas para la adquisición y el uso de combustible, lo que dificulta el trazado del destino que se le dio al carburante.
Durante el 2021 tampoco fueron publicados de manera adecuada los llamados a licitaciones públicas para la provisión del almuerzo escolar.
Más falencias en el 2022
La Contraloría también auditó la gestión de Cristina Aranda durante el 2022 y detectó que se pagó en el rubro del “Servicio Técnicos Profesional” G. 302 millones y en Servicio Social otros G. 163 millones, sin una documentación adecuada. Este año, los pagos por servicio de sepelio fueron de G. 3.000.000 a G.8.000.000.
Sin base documental, la Municipalidad también hizo transferencias a escuelas y ONG por G. 343 millones. En cuanto a la transferencia por la alimentación escolar por G. 869 millones, se detectó una completa falta de control en la recepción de los alimentos.
El ente contralor indicó también que las autoridades de la Municipalidad de Mariano Roque Alonso no elaboraron el Plan Operativo Institucional (POI) y el Plan Operativo Anual (POA).