El encuentro partidario de los cartistas, cuyo objetivo era organizar la entrega masiva de afiliaciones a la ANR, contó con la presencia del ministro de Urbanismo, Juan Carlos Baruja, y del presidente de la Comisión de Finanzas de la ANR, Juan Darío Monges, quien además es esposo de la gobernadora. Monges adelantó que se está proponiendo un descuento en la contribución partidaria a los colorados que ocupan cargos públicos.
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Ante esta situación, el exdiputado Chávez calificó el hecho como “reprochable” y un retroceso a prácticas que se creían superadas desde la dictadura. “Se pensó haberlas superado ya, porque era una práctica común en la dictadura”, afirmó.
Señaló que era innecesario utilizar el edificio público para cuestiones partidarias, existiendo seccionales coloradas y fondos partidarios para que la asociación realice sus actividades en otros lugares.
El abogado cuestionó la afirmación de la gobernadora, Norma Zárate de Monges (ANR-HC), sobre la supuesta apertura del edificio para todos los partidos políticos, señalando que “no está para ese fin tampoco, como un fin partidario”. Enfatizó que “el uso para fines partidarios de una institución pública es embretar a la institución, cualquiera sea, a un descalabro moral de la gestión de gobierno”.
Chávez fue enfático al señalar que se confunden “fines partidarios y fines públicos”, recordando que la administradora de turno de la Gobernación “es gobernadora de todos los paraguarienses de diferentes institutos”.
Además, resaltó que su rol como abogada la obliga a tener “parámetros normativos del funcionamiento institucional y parámetros morales como para distinguir el bien del mal”.
El exparlamentario Chávez acusó a la gobernadora de “abuso, no solamente de poder, sino un abuso en detrimento del patrimonio común de todos los paraguarienses”, al utilizar los bienes del Estado para fines partidarios. Considera que esta acción constituye “mal desempeño de funciones”, que incluso “ameritaría la intervención como una forma de reorientar, en términos morales, el desempeño de la institución departamental”.
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Chávez instó al Ministerio Público y a la Contraloría General de la República a tomar cartas en el asunto: “El Ministerio Público, como existe presunta violación de la Ley N° 7445/2025 de la Función Pública y del Servicio Civil, específicamente el artículo 52, que prohíbe a los funcionarios públicos realizar actividades políticas partidarias o proselitismo dentro de las dependencias públicas. Además de utilizar recursos de la institución para fines ajenos a su propósito. Por involucrar uso de patrimonio, también la Contraloría General de la República (CGR) debería intervenir”, sentenció.
Concejal defiende el uso
En contraposición a las críticas, el concejal departamental colorado Ariel Brítez defendió el uso del salón de la Gobernación para el evento cartista. Según el edil, “no está mal porque el salón es multiuso y siempre se utilizó no solo para actos de la institución, sino de otras entidades y eventos deportivos”.
Brítez aseguró que en la sesión de la Junta Departamental, el martes último, “nadie opinó al respecto, nadie del pleno” sobre la realización del evento.
Además, justificó la práctica argumentando que “en otras ocasiones, otros gobernadores también ya lo utilizaron para actos partidarios similares”, y nadie dijo nada. Justificó que dicho espacio siempre estuvo a disposición de todos.