Comisión de Legislación del Senado plantea elevar a 10 años pena para adolescentes

El senador Eduardo Nakayama afirmó que dentro de la Comisión de Legislación del Senado hay un consenso para elevar pena para adolescentes, de 8 a 10 años. Indicó que la Constitución Nacional prohíbe la cadena perpetua o pena de muerte, pese a que sea el planteamiento de algunos parlamentarios.

Imagen ilustrativa: una persona encarcelada y esposada.
La Comisión de Legislación plantea elevar penas hasta 10 años, para los adolescentes. (Imagen ilustrativa).

El senador Eduardo Nakayama, quien integra la Comisión de Legislación, indicó que hay varios proyectos de ley con respecto a la elevación de pena para adolescentes que cometen crímenes. Señaló que dos de esas iniciativas hablan de elevar penas hasta los 15 años.

Señaló que las distintas instituciones involucradas, como el Ministerio y la Defensoría de la Niñez, indican que no se puede hablar de una pena tan elevada.

“Por acuerdos internacionales, las penas no pueden exceder lo que se tiene en el ‘Sistema Americano’, que es de 10 años, que también es la pena máxima establecida en legislaciones como Costa Rica y Chile”, señaló.

Agregó que dentro de su comisión ya existe un acuerdo de elevar las penas de 8 a 10 años. "Existe un consenso en ese sentido para equipararnos a esos países mencionados", señaló.

En otro momento, recordó que nuestra Constitución Nacional expresamente prohíbe la cadena perpetua y la pena de muerte, por lo cual no se puede hablar de ello dentro del Congreso y ninguna iniciativa al respecto puede prosperar. “Hasta tanto no pase por una asamblea constituyente, no podemos”, enfatizó.

Otra comisión plantea 15 años

No obstante, la Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por el senador Javier Zacarías Irún(ANR, HC) —autor de la iniciativa—, dictaminó por mayoría aprobar el proyecto con modificaciones que todavía no fueron aclaradas.

No obstante, instituciones públicas relacionadas con la niñez y adolescencia recomiendan analizar de forma integral el proyecto de ley respecto a los parámetros de convencionalidad, incorporar una cláusula que refuerce el análisis de madurez psicosocial individual como cualquier requisito de pena privativa de libertad, fortalecer programas de justicia restaurativa, medidas alternativas y reinserción psicosocial como exige la Convención de los Derechos del Niño y las Reglas de Tokio, entre otros puntos.

Enlance copiado