En la audiencia pública se sucedieron los discursos de apoyo motivados, sobre todo por casos recientes, como el brutal feminicidio de la adolescente María Fernanda Benítez (17) en Caaguazú y el asesinato del trabajador repartidor de productos Alfredo David Duarte Flores en el barrio San Francisco de Asunción, a manos de un joven asaltante, aunque hubo poco análisis legal.
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El proyectista defendió la supuesta constitucionalidad y aplicabilidad de su propuesta, pese a que fueron planteadas dudas razonables al respecto.
Esto, debido a que el artículo 20 de la Constitución (del objeto de las penas) señala que estas “tendrán por objeto la readaptación de los condenados y la protección de la sociedad”.
En tal sentido, al ser cadena perpetua no habría posibilidad de readaptación, pero Rubin defendió la factibilidad alegando que se priorizaría la “protección de la sociedad” y el derecho a la vida (art. 4º de la CN).
También estuvo presente el presidente de la Comisión de Legislación, Jorge Ávalos Mariño. (PLRA, A), y dijo que si bien es afín a la idea, analizarán la factibilidad y sobre todo el alcance, ya que incluso se plantea cadena perpetua para casos de accidentes de tránsito fatales.