La intendenta acusada de Quyquyhó Patricia Corvalán (ANR-HC), esposa del diputado cartista Esteban Samaniego, desde que asumió su cargo en el 2021 solo realizó tres llamados a licitaciones, según el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.
La primera licitación que hizo Patricia Corvalán fue en julio del 2021 para la construcción de aulas, que finalmente fue cancelada.
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La segunda licitación fue en agosto del 2023 para la provisión del almuerzo escolar que fue adjudicada. La última fue en agosto del 2024 para la construcción de aceras, según los datos de Contrataciones Públicas.
En contrapartida, el empresario Andrés Arrúa Brítez, socio de la empresa BH Services, quien aparece como copropietario de la residencia del diputado cartista Esteban Samaniego y su esposa Patricia Corvalán (ANR-HC), sigue acaparando las contrataciones directas en la Municipalidad de Quyquyhó.
Incluso, en el 2024 acaparó prácticamente todas las contrataciones directas, pero cambió de nombre su empresa. Ahora se llama Efecpro.
Hermoseamiento y limpieza del casco urbano de Quyquyhó, reparación, pintura de cordones de empedrado en el centro urbano, mantenimiento de caminos vecinales (tramo I, tramo II, tramo III), limpieza de veredas en zona urbana, entre otras obras, fueron direccionadas a nombre de la empresa Efecpro durante todo el 2024.
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Causa Esteban Samaniego
El empresario Andrés Arrúa Brítez está acusado por administración en provecho propio, en calidad de cómplice, y lavado de dinero, como coautor, en la causa que se investiga a la intendenta de Quyquyhó. En esta misma causa está investigado el diputado Esteban Samaniego, pero, debido a sus fueros parlamentarios, el proceso está paralizado.
Asimismo, la cartista no transfiere el aporte jubilatorio por sus funcionarios desde enero pasado a la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal, pese a descontarles el dinero.
Sin embargo, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a cargo de Carlos Fernández Valdovinos, llamativamente sigue desembolsando recursos a Corvalán. Según la planilla de mayo, la jefa comunal recibió G. 2.024 millones de recursos del tesoro nacional, en tanto que, durante todo el año pasado el ministerio le transfirió G. 5.195 millones.
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Sobre este punto, el fiscal Silvio Corbeta, quien ya acusó a Patricia Corvalán, al empresario Arrúa Brítez, a Blanca Álvarez, madre del diputado y a otras personas supuestamente vinculadas en el esquema criminal desvió G. 1.108 millones de la comuna administrada por la pareja de colorados cartistas, ya informó al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios y a la Contraloría General de la República (CGR).
Sin embargo, pese al aviso y a la falta de procesos licitatorios adecuados, la intendenta cartista sigue recibiendo millonarios desembolsos estatales.