Funcionarios municipales, concejales y el intendente interino de Puerto Casado Domingo Vera (ANR) cerraron desde ayer las puertas de la sede principal de la municipalidad casadeña en reclamo a la falta de respuesta del Banco Nacional de Fomento (BNF), que no reconoce a la nueva administración como titular de las cuentas bancarias y, debido a eso, el intendente electo Hilario Adorno (ANR-HC), quien está en pleno juicio acusado por lesión de confianza sigue manejando los millonarios fondos que el Ministerio de Economía transfiere cada mes.
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El intendente Vera indicó que ya presentó todas las documentaciones ante el Banco Nacional de Fomento, además hizo un urgimiento, pero, desde la entidad bancaria, siguen dilatando la aprobación de los nuevos titulares de las cuentas.
Debido a la falta de dinero, los funcionarios municipales no cobran sus salarios desde hace 10 meses y la mayoría de los ediles dejaron de percibir sus dietas hace 18 meses. Tampoco se puede hacer el pago a numerosos proveedores y no se brindan servicios básicos debido a la falta de fondos.
El Ministerio de Economía, en mayo transfirió G. 1.054 millones a la cuenta comunal casadeña, que está en manos de Hilario Adorno, quien es hermano del diputado cartista Domingo “Mino” Adorno.
Domingo Vera también ya notificó de la situación judicial de Adorno, sobre la prohibición de acercarse a la sede municipal y a la designación de intendente interino al Ministerio de Economía, sin embargo, no consigue que los fondos sean “congelados” para resguardar el dinero público.
Juicio por camioneta
El próximo 12 de junio prosigue el juicio oral que afronta Adorno a las 08:30. El concejal Saturnino Ferreira (ANR) está convocado por la defensa para declarar y luego se aguardan los alegatos finales de parte del Ministerio Público y la defensa de Adorno.
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El cartista no solo está acusado por lesión de confianza y administración en provecho propio por comprar con plata de los contribuyentes una camioneta que puso a su nombre, sino que además pesa otra denuncia presentada por la Junta Municipal por lesión de confianza por una supuesta “tragada” de G. 10 mil millones.
Los ediles se respaldaron para su denuncia en un informe de la Contraloría General de la República que detectó el supuesto faltante.