Los diputados liberales Enrique Antonio Buzarquis y Rodrigo Blanco recordaron que, el año pasado, en la Cámara de Diputados habían planteado un proyecto de "que establece el marco legal para el procedimiento de búsqueda de personas desaparecidas y crea su registro", que ahora el gobierno anunció como una de las “medidas” tras la desaparición forzosa y posterior asesinato de Fernanda Benítez, pero que, por excusas del propio gobierno en la anterior oportunidad se mandó la archivo.
Es por eso que, primeramente, Buzarquis literalmente rompió públicamente la hoja del proyecto de ley que supuestamente no le servía al Gobierno, y que resulta que ahora sí, así como también la hoja del supuesto protocolo de la Policía, que no se aplica por falta de presupuesto.
“Este proyecto de ley fue rechazado por recomendación de la propia Policía Nacional y del Ministerio de Economía. Ellos dicen que esta ley, que establece un protocolo, no es necesaria, por eso voy a romper este proyecto de ley que no sirve para nada”, dijo Buzarquis.
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Recordó que, como excusa para el rechazo, plantearon que ya se implementó la resolución Nº 666 de la Policía que dispone las labores del Departamento Especializado en Búsqueda de personas desaparecidas, que finalmente también fue eso: una excusa.
“¿Saben cuál es el problema (con este protocolo)? La propia Policía Nacional dice que esta dirección no puede operar porque no cuenta con presupuesto, porque no hay dinero, entonces esta resolución, es letra muerta, no sirve para nada este protocolo, señor comandante de la Policía Nacional, Na’ape la nde protocolo, ndovalei“, apuntó Buzarquis.
El gobierno, en su momento, no quiso destinar unos US$ 2 millones para dotar presupuesto a este departamento de la Policía que, para colmo, cuenta solo con 17 funcionarios para todo el país.
Buzarquis también dijo que la ley rechazada planteaba un sistema similar a la Alerta Amber, que establece un protocolo de actuación inmediata en caso de tratarse de menores y de riesgo a la vida.
Resulta que en el caso de Fernanda “nos vinieron con el cuento que aipo ndajeko que había que hacer la denuncia, que hay que esperar 24 horas, que 48 horas, que hay que ver, que hay que esperar, que hay que llamar, que hay que investigar… siempre la burocracia y la excusa poniendo plazos. La vida de un ciudadano no necesita de plazos. La Policía y la Fiscalía tienen que actuar inmediatamente", reprochó.
Ley obligará al Estado a actuar, dicen
El diputado Rodrigo Blanco (PLRA), proyectista de la ley archivada, también lamentó la aparente mezquindad del Gobierno, que ahora reconoce la necesidad de una ley marco para la búsqueda de personas desaparecidas, pese a que ya es tarde para Fernanda.
“Desde esta banca y la bancada del PLRA y la oposición venimos a gritos a trabajar juntos y solicitando al gobierno que trabajemos juntos para solucionar los problemas que enfrenta la sociedad y precisamente en este tema la Cámara de Diputados ha tomado en su momento la iniciativa y ha aprobado por unanimidad un proyecto específico para lo que hoy, lastimosamente a causa de un suceso tan doloroso, se anuncia y se plantea como solución”, lamentó Blanco.
Destacó lo llamativo que fue que en primera vuelta, que el gobierno y los diputados aprobaron por unanimidad el proyecto de ley, pero, en Senado, cambiaron de postura.
“Aproximadamente unas 3.000 familias por año tienen miembros que son víctimas de desaparición forzosa. De esos, el 70% de esas desapariciones corresponde a menores y adolescentes de 17 años, sin embargo, el mensaje del Gobierno era que no era necesaria una ley”, reprochó.
Ante ello, volvió a llamar al Gobierno para que tenga en cuenta a la oposición y, sobre todo, que permitan que se promulgue la ley y apeló diciendo: “Sí es necesaria una ley, y quiero nuevamente pedirle a los colegas que hagamos de vuelta el esfuerzo para legislar lo que de verdad va a dar las herramientas y va a obligar al Estado, sea el gobierno que fuere, a darle atención a estas miles de familias que pasan angustias infinitas a causa de un familiar desaparecido”.