El Tribunal de Apelación especializado en Delitos Económicos rechazó la recusación presentada contra el juez Humberto Otazú por Enrique Javier Lovera (auxiliar administrativo de la Municipalidad de Quyquyhó), uno de los acusados junto a la intendenta Patricia Corvalán, y la madre del diputado cartista Esteban Samaniego, Blanca Álvarez, por administración en provecho propio, lavado de dinero y asociación criminal en una causa por un supuesto daño patrimonial de G. 1.108 millones a la Municipalidad de Quyquyhó, cuando el parlamentario fungía de intendente.
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Lovera también recusó al fiscal Silvio Corbeta y la fiscal adjunta Soledad Machuca designó provisoriamente a la fiscal Natalia Cacavelos para intervenir en la causa. Con la confirmación del juez Otazú, se puede dar seguimiento a la audiencia preliminar .
El fiscal Silvio Corbeta se había ratificado en su acusación contra diez personas vinculadas a un supuesto esquema de corrupción que causó un presunto daño patrimonial y pidió que la causa se eleve a juicio oral y público.
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Además, el fiscal solicitó que se prohíba a Corvalán acercarse a la sede municipal por un presunto conflicto de intereses. En esta misma causa es investigado el diputado Esteban Samaniego. Sin embargo, el mismo no puede ser procesado debido a sus fueros parlamentarios.