El 29 de junio de 2023, la justicia de Estados Unidos de América (EE.UU.), a través de los fiscales federales Anthony Aminoff y Catherine Rosenberg, presentó una acusación contra Sebastián Enrique Marset Cabrera y Federico Ezequiel Santoro Vassallo, señalándolos como conspiradores en una red de blanqueo de capitales derivada del narcotráfico. El caso se tramita ante la Corte del Distrito Este de Virginia, bajo el N° 1:23-cr-00161-TSE, y forma parte del paquete de investigaciones vinculadas al operativo “A Ultranza Py”.
La acusación sostiene que entre noviembre de 2019 y septiembre de 2021, los imputados integraron una organización transnacional que movilizó millones de dólares obtenidos por la venta de drogas, especialmente cocaína, en Europa.
Uno de los documentos de la acusación señala explícitamente que “Durante el transcurso de la conspiración, Marset y Santoro amenazaron con violencia a otros para proteger la continuación de sus actividades de narcotráfico y lavado de dinero”.
Amenazas, asesinatos y plataformas encriptadas
Según revelaciones anteriores, las pruebas incluyen mensajes interceptados en plataformas encriptadas como Sky ECC, utilizadas por la red criminal para coordinar actividades y emitir amenazas.
En un intercambio presente en la causa A Ultranza, Marset preguntó a Miguel Ángel Insfrán, alias “Tío Rico”, sobre métodos para deshacerse de un cuerpo, mencionando el uso de “ácido o cal” y la posibilidad de transportar el cadáver.
Millonarias transacciones
El documento judicial detalla que los fondos producto del narcotráfico eran recolectados en efectivo por emisarios de la red en diferentes ciudades de Europa, muchas veces en la vía pública y transportados en maletas.
Posteriormente, este dinero era canalizado hacia Sudamérica y Asia mediante complejas operaciones de transferencia electrónica.
Sin embargo, una transferencia bancaria procesada desde Portugal hacia China, que pasó a través de un banco corresponsal con sede en Richmond, Virginia, fue determinante para que las autoridades federales estadounidenses establecieran jurisdicción sobre el caso.
Este uso del sistema financiero de EE.UU. activó la competencia del tribunal bajo el Título 18 del Código de los Estados Unidos, Sección 1956(h), que regula los delitos de conspiración para el lavado de activos.
En menos de cinco meses, Santoro habría movido al menos US$ 8 millones en bancos del país acusador.
Advierten decomiso
El gobierno de EE.UU. busca ahora decomisar todos los bienes relacionados con el delito, conforme al Título 18, Sección 982(a)(1), lo que incluye propiedades inmuebles, vehículos, cuentas bancarias y cualquier otro activo vinculado directa o indirectamente con la red criminal.
Según el documento de acusación, si son declarados culpables, “los acusados, Sebastián Marset Cabrera y Federico Santoro Vassallo, deberán decomisar a favor de los Estados Unidos, conforme al Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 982(a)(1), cualquier bien, mueble o inmueble, involucrado en dicho delito, y cualquier bien rastreable a dicho bien”.
Esta disposición no solo busca castigar económicamente a los implicados, sino desmantelar su estructura operativa y limitar su capacidad de reincidencia delictiva. La pena máxima para este tipo de delito es de 20 años de prisión, además de multas de hasta US$ 500.000 o el doble del valor de la transacción, en el caso de que sea mayor.
Mientras Marset continúa prófugo, Santoro fue extraditado desde Paraguay el 11 de julio de 2024 y, ante el tribunal estadounidense, se declaró culpable de conspiración para cometer lavado de dinero. La fiscalía sostiene que la organización criminal en la que participaban traficó al menos 16 toneladas de cocaína.
