El abogado constitucionalista Emilio Camacho cuestionó duramente a la Contraloría General de la República (CGR) por solicitar la intervención de las municipalidades de Asunción y Ciudad del Este, al considerar que dicha institución no posee atribuciones legales ni constitucionales para realizar tal requerimiento. Aseguró incluso que el contralor general, Camilo Benítez, incurre en una “usurpación de funciones” al haber impulsado dicha medida.
“No existe un solo artículo en la Constitución ni en la Ley Orgánica Municipal que habilite a la Contraloría a pedir la intervención de un municipio”, afirmó Camacho. Según el jurista, la CGR solo tiene funciones de control y fiscalización, pero no de promover intervenciones, ya que esto corresponde exclusivamente al Poder Ejecutivo con acuerdo de la Cámara de Diputados.
Camacho también cuestionó la motivación detrás del pedido: “El contralor actuó por su humor, no por ley. Incendió Asunción y Ciudad del Este y luego culpa a todos los estamentos del poder. La nota que firmó parece más una queja personal que un informe técnico. No menciona ni un solo punto legal concreto que justifique la intervención”.
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Lo que dice la Contraloría
Por su parte, Leandro Villalba, director de Auditoría Forense de la Contraloría, defendió la actuación del órgano de control. Sostuvo que la Constitución Nacional, en su artículo 165, contempla expresamente que una municipalidad puede ser intervenida por el Poder Ejecutivo, con acuerdo de los diputados, en casos de graves irregularidades en la gestión presupuestaria o de los bienes, siempre con dictamen previo de la Contraloría.
“El artículo 165 establece tres causales de intervención, y la tercera requiere el dictamen previo de la CGR. No se trata de una atribución antojadiza, sino de una función de control establecida en la Constitución y en leyes como la Ley Orgánica Municipal y la Ley 317”, explicó Villalba.
Asimismo, indicó que existen antecedentes judiciales que avalan esta práctica, como la sentencia 381 del Tribunal de Cuentas en 2010, en la que se rechazó una acción promovida contra un pedido de intervención similar realizado por el entonces contralor Óscar Aíraldi.
Villalba agregó que, en los casos actuales, hay elementos suficientes para sospechar de irregularidades graves, como el uso de facturas falsas, falta de respaldo documental y casos de nepotismo.
“Estamos hablando de más de 500 mil millones de guaraníes con destino incierto en Asunción, y más de 42 mil millones sin documentos en Ciudad del Este”, aseguró.