La Contraloría General de la República (CGR) reevaluó el Plan de Mejoramiento Administrativo que el intendente de Luque Carlos Echeverría (ANR-HC) remitió a la institución luego de las observaciones realizadas por el ente.
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Si bien mejoró en algunos aspectos, llamó la atención que la falencia fue la falta de comunicación y de participación ciudadana en cuanto al servicio de recolección de residuos sólidos.
Según el ente contralor, la Municipalidad de Luque tuvo un cumplimiento parcial y obtuvo un 67 por ciento de acatamiento. Sin embargo, no realizó la consulta a los contribuyentes si están o no satisfechos con el servicio de recolección.
“La Municipalidad de Luque que no dio participación a la comunidad en el proceso de definición, ejecución, control y evaluación de la prestación del servicio relacionado a la Gestión de los Residuos Sólidos”, dice parte del informe de la CGR.
El ente contralor indicó que Carlos Echeverría no diseñó de un mecanismo de consulta como encuesta a la ciudadanía, sobre la percepción del servicio brindado por la empresa contratada para la recolección y disposición final de los Residuos Sólidos Urbanos.
Asimismo no cumplió a cabalidad con el Plan de Desarrollo Sustentable, pues durante su evaluación inicial no estaba aprobado, según el informe de la Contraloría.
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El cartista Carlos Echeverría en plena pandemia en el 2021 había tercerizado a la Empresa La Disciplina S.A, una firma satélite de la empresa El Farol S.A, el servicio de recolección y disposición de basura, incluso dos años antes de fenecer su contrato vigente, y antes de las elecciones municipales del 2021, donde logró su rekutú en el cargo.
El proceso licitatorio generó una serie de manifestaciones ciudadanas, pues se hizo de manera apresurada en la Junta Municipal para la aprobación del pliego de bases y condiciones. La intención era “renovar el contrato hasta el 2036″, sin embargo, luego se reculó y finalmente se firmó hasta el 2031.
Actualmente los contribuyentes luqueños deben pagar mensualmente por la recolección de basura domiciliaria entre G. 47.000 (particulares) y G. 3.400.000 (grandes supermercados), dependiendo del rubro.