Ayer, en mesa directiva de la Cámara de Diputados se integraron las respectivas comisiones especiales que deben dictaminar sobre los pedidos de la Contraloría General de la República, a cargo de Camilo Benítez (ANR), para intervenir la gestión de Miguel Prieto en Ciudad del Este y de “Nenecho” Rodríguez en Asunción. El siguiente paso es convocar a una primera reunión para elegir autoridades entre los nueve miembros cada uno y luego establecer fechas para las diligencias.
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Puntualmente, en dicha reunión se debe definir las fechas para convocar a la Contraloría para argumentar su pedido y a los intendentes para realizar su descargo, y eventualmente (según la costumbre) realizar visitas in situ para constatar ciertos hechos denunciados.
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Para dicho proceso, la que ganaría en celeridad es la Ciudad del Este, ya que el encargado de la convocatoria es el diputado cartista Alejandro Aguilera. Comentó que “posiblemente” la primera reunión se realizará este lunes 2 de junio. La confirmación de la fecha se tendrá recién cuando se remita la nota a los demás miembros.
Por su parte, la comisión encargada del caso de Asunción empezaría a operar recién el miércoles 4, puesto que el encargado de la convocatoria para la instalación está a cargo del diputado cartista Rodrigo Gamarra, quién justamente viajó a México.
Según comunicó a sus colegas, su retorno está marcado recién para el martes 3 de junio, día de la sesión ordinaria de la Cámara Baja, por lo que la reunión de la comisión sería recién al día siguiente.
Como ya se mencionó, la instalación efectiva de las respectivas comisiones es importante ya que representa el inicio del plazo de 15 días establecido en la Ley 317/94 que reglamenta las intervenciones para emitir dictamen a favor y/o en contra de la intervención.
Si bien el dictamen no es vinculante, habilita al pleno a llevar a votación la aceptación o no de la intervención, que en caso de ser aprobada por mayoría simple (la mitad más 1 de los presentes), implicará pasar a la siguiente etapa, que es apartar momentánea al jefe comunal señalado y que asuma un interventor designado por el Poder Ejecutivo.