En conferencia de prensa, el diputado Roberto González (ANR-FR) anunció la presentación de un nuevo proyecto de ley para modificar la normativa vigente que regula pensión para personas con discapacidad.
El legislador mencionó que con su iniciativa busca suprimir el requisito de 60 años cumplidos para ser potencial beneficiario de la pensión, que estable la vigente ley.
Con dicho proyecto de ley, se busca que toda persona con discapacidad severa pueda acceder a la pensión -de no menor del 25% del salario mínimo-, desde el momento que su condición es constatada por Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (Senadis), según explicó.
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Cuestionó falta de humanidad y empatía
González alegó que aquellos con discapacidad sufren de “condicionamiento” y no solo les afecta a sí mismos, sino también a sus familiares o a la persona que se encarga exclusivamente de su cuidado.
“Esto es por una cuestión humanitaria, sensibilidad y empatía hacia las personas que sufren esta disminución de su capacidad laboral”, mencionó.
Cartismo ninguneó a personas con discapacidad
El 23 de mayo pasado, los cartistas de la Cámara de Diputados se ausentaron y dejaron sin quorum la sesión extraordinaria que fue convocada, por lo que no se pudo debatir el veto presidencial al proyecto de ley que pretendía otorgar una pensión a personas con discapacidad y, debido a los plazos, tuvo sanción ficta.
En contrapartida, plantearon una modificación a la ley de pensión de adultos mayores para incluir a las personas con discapacidad en un 50%, pero con el requisito de los 60 años de edad cumplidos.
El diputado colorado, en ese contexto, aclaró que su proyecto anunciado “no es vinculante porque es una nueva ley, no es exactamente la misma”, descartando -de ese modo- que el mismo pueda rechazarse, en razón que el Congreso establece que una iniciativa mandada al archivo no puede tratarse dos veces en un mismo período legislativo.
Cuánto costaría la pensión
El veto presidencial tendría relación con que supuestamente se requiere de US$ 139 millones al año para cumplir con la universalización de la prensión a las personas con discapacidad debido a que, de acuerdo a datos del Ejecutivo, habría 299.000 potenciales beneficiarios.
Sin embargo, desde dicho sector se señala que solo son 11.000 los posibles beneficiarios, por lo que la carga presupuestaria alcanzaría poco o más de US$ 8 millones.