Por casi tres horas se reunió la Comisión Especial de Investigación de Carácter Transitorio para la investigación de los hechos relacionados con la trama delictiva denominada “mafia de los pagarés”, en la que asistieron los ministros de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Eugenio Jiménez Rolón y Alberto Martínez Simón y el camarista Giuseppe Fossati.
La senadora Esperanza Martínez (FG) comentó el caso de una víctima de la mafia de los pagarés que hace ocho años no ve su salario porque se le descuenta el 100%. El ministro de la Corte, Alberto Martínez Simón, se mostró sorprendido y dijo que no se puede exceder el límite legal del embargo del 25% del salario de un trabajador.
Ante dicha situación, el senador Rafael Filizzola (PDP), presidente de la comisión “antimafia”, sugirió que a través de una ley se dé potestad al Ministerio Economía y Finanzas a prohibir el embargo total del salario de los funcionarios, el ministro Martínez le señaló que ya existe una ley al respecto.
El camarista Giuseppe Fosatti dijo que la autoridad administrativa de una institución es quién ejecuta el embargo. Afirmó que el pagador del sueldo es quien debería informar al juez que ya existe un embargo previo, en caso de que existan mas pedidos de embargos del salario. En ese sentido, el ministro reiteró que un embargo entra por orden del prioridad y que no se puede embargar el 100% del salario.
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El ministro Martínez también informó sobre las resoluciones que tomaron desde el año pasado con respecto a la intervención de juzgados específicamente de Asunción. Reconoció que tienen limitaciones operativas con respecto al servicio de auditoría y la cantidad de jueces que deben reemplazar a los que fueron suspendidos.
Investigados en caso mafia de pagarés
Mencionó que fueron sumariados y suspendidos preventivamente 5 magistrados, 10 actuarios, 7 ujieres notificadores, 15 oficiales de justicia, de estos funcionarios sumariados y suspendidos mencionó que 4 han renunciado, y posteriormente se ampliaron a 2 ujieres y 25 oficiales de justicia más.
También afirmó que el Poder Judicial hizo la denuncia correspondiente y la remisión de los antecedentes al Ministerio Público y que en cada uno de los casos se abrieron las investigaciones correspondientes.
El alto magistrado informó que acompañaron la intervención y el allanamiento hecho por el Ministerio Público a distintos juzgados de paz de Asunción en donde se secuestraron expedientes con el fin de hacer un control sobre la manera en que eran llevados esos procesos.
Recordó que el 10 de febrero comitivas con 6 agentes fiscales secuestraron cerca de 2.546 expedientes que estaban a cargo de los jueces procesados por prevaricato, con sumario y enjuiciados ante el JEM por mal desempeño de funcionarios y prevaricato entre ellos: Analía Cibils (La Encarnación), Liliana de Bristot (San Roque, renunció), Víctor Nilo Rodríguez (La Recoleta), Gustavo Villalba (Catedral, primer turno) y Nathalia Garcete (Catedral, segundo turno).
Asimismo, mencionaron que en el ámbito de los Juzgados de Paz el 88% de los casos corresponde a juicios ejecutivos el 3% a violencia intrafamiliar y un 9% para todos los demás casos.
Sobre la posibilidad de registrar un título de crédito, el ministro Martínez dijo que se podría generar eventualmente un problema jurídico que podría encarecer el crédito.
“Tenemos que pensar en la repercusión que eventualmente podría tener con respecto al encarecimiento del crédito en el momento de la concesión y principalmente manejar el volumen de cuántos papeles tendríamos que estar hablando por día que se firman en toda la economía formal e informal y que validez le vamos a dar ese registro”, se preguntó.
Funcionarios, víctimas de mafia de pagarés
El senador Rafael Filizzola (PDP), manifestó a los ministros las principales preocupaciones que tienen en la comisión antimafia y dijo que tienen una base de unos 1.000 casos de víctimas y que ven un patrón de que el 95% afecta a funcionarios públicos. Dio a entender que son víctimas porque tienen un salario asegurado y su salario es embargable.
También señaló como preocupación la doble obligación de pago cuando el afectado autoriza el descuento automático y se vende el pagaré a una empresa de la deuda generándose una duplicación de la misma.
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La senadora Esperanza Martínez (FG) pidió a los ministros y parlamentarios realizar una cumbre de poderes para encarar el problema. Indicó que la estafa es pura y dura y que según estiman en la comisión existen aproximadamente 30 mil personas afectadas.
Expresó su temor a que los casos terminen en la impunidad y pidió más reacción de parte de la Fiscalía. Indicó que debe llamar la atención que una empresa tenga cierta cantidad de demandas. Asimismo, dijo que los afectados tienen que recuperar su dinero y ser resarcidos.
Por su parte, el ministro de la Corte, Eugenio Jiménez, dijo que también hay múltiples casos en el departamento Central y aprovechó para pedir crear más Juzgados de Paz en el departamento.