Desde finales del 2024, miles de inversionistas de Uruguay se vieron afectados por el colapso de Conexión Ganadera, un fideicomiso que ofrecía atractivos bonos ganaderos. Según señalan expertos, se trataría de la peor estafa agroganadera en la historia de Uruguay.
La empresa fue fundada por Gustavo Basso (fallecido en noviembre del año pasado) y el ingeniero agrónomo Pablo Jesús Carrasco González. Operó durante 25 años, siendo una de las más lucrativas en el rubro ganadero uruguayo.
En la causa también se encuentran imputadas Ana Iewdiukow, la esposa de Carrasco, y Daniela Cabral, viuda de Basso. También fueron llamados a indagatoria el gerente operativo de la empresa, Rodolfo Flores, y el encargado de la trazabilidad y movimientos de ganado, Diego Quiroga.
Así funcionaba el esquema
Según señalan los informes de prensa, los inversores colocaban un capital y la empresa se comprometía a pagar una renta fija anual o semestral, supuestamente basada en la compra y administración de ganado.
El asesor financiero y columnista del medio La Mañana, Felipe Caorsi, se involucró en la investigación del caso tras ser contactado por personas damnificadas. Según sus pesquisas, se demuestra que detrás de esto había un esquema Ponzi, que funcionó desde el día uno.
Vinculo con Marset
Caorsi, en entrevista con TV Ciudad de Montevideo, señaló que este esquema ya había sido creado en Paraguay hace varios años y habría sido replicado en Uruguay por Gustavo Basso.
Además, indicó que dinero malhabido y no declarado provenientes de Argentina y Paraguay habría ingresado al sistema bancario uruguayo a través de Conexión Ganadera.
Lea más: El usurero Ramón González Daher tiene estrechos vínculos con procesados por tráfico de drogas
Uno de los datos más llamativos señalados en la entrevista fue la afirmación de que el presunto narcotraficante Sebastián Marset, uno de los prófugos más buscados del continente, participó en la estructura que operó en Paraguay e inspiró el esquema uruguayo.
La búsqueda de activos en Paraguay es parte de la investigación, atendiendo a las similitudes con sistemas de lavado “narco” descubiertos hace años y la posibilidad de recuperar bienes.
Víctimas exigen justicia
La escala real de la estafa rondaría en alrededor de US$ 220 millones y más de 2.000 personas afectadas. Además, investigan transacciones posibles en Estados Unidos, Argentina y España. El 15 de mayo último damnificados protestaron frente a la Fiscalía reclamando la devolución del dinero y la imputación de los responsables, a quienes califican como “ladrones”.
Caorsi y su equipo de colaboradores damnificados han trabajado para “ir ordenando y corroborando hipótesis e información” sobre la ruta del dinero y el entramado de empresas.
“No vamos a parar hasta que aparezca el dinero y que los responsables de esta estafa vayan presos”, señaló Caorsi en una de sus columnas sobre el caso.
Sería la “continuación de una saga”
Felipe Caorsi señala que el caso uruguayo es visto como “la continuación de una saga que comenzó en Paraguay”, indicando que dinero que operaba aquí habría migrado al Uruguay. Caorsi relaciona el caso uruguayo con un esquema Ponzi presuntamente creado por Luis Arza, empresario paraguayo investigado desde 2021 por la Fiscalía y Seprelad.
En diciembre del 2021, el usurero luqueño condenado a 15 años de carcel, Ramón González Daher (RGD), acusó a Arza de haberse llevado US$ 10 millones, presuntamente producto de un sistema de fraude financiero. En el marco de la investigación a RGD, se incautaron más de 20 cheques firmados por Mauricio Schwartzman, un empresario asesinado a balazos el 12 de septiembre de 2021.
Coincidentemente, en julio del 2021, el Comando Tripartito, manejaba la información de que Schwartzman tenía una vinculación con la estructura liderada por Sebastian Marset. El presunto narcotraficante uruguayo actualmente se encuentra prófugo de la justicia. Otro de los señalados en Smart, Federico Santoro, recientemente se declaró culpable ante la Justicia de EE.UU. de una conspiración de lavado de dinero proveniente del narcotráfico.