El juez penal de garantías de Delitos Económicos Humberto Otazú decidió elevar la causa contra el exintendente Gustavo Rodríguez (ANR-HC) y otras ocho personas acusadas por lesión de confianza por un supuesto faltante de G. 2.269 millones de las arcas de la Municipalidad de San Pedro de Ycuamandyyú, a juicio oral y público.
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Asimismo, el juez Otazú rechazó el pedido de sobreseimiento definitivo solicitado por la defensa del exintendente sampedrano. También rechazó otros dos incidentes planteados por Gustavo Rodríguez y los demás acusados, que tienen como abogado defensor a Derlis Flores Mendoza.
El juez rechazó además el ofrecimiento de prueba testifical de Pascual Ocampos Alonso (ANR-HC), quien es el actual presidente de la Junta Municipal de San Pedro de Ycuamandyyú, y a la par es el abogado defensor del intendente.
El edil Ocampos Alonso fue también presidente de la Junta Municipal mientras Gustavo Rodríguez fungía de intendente.
Asimismo se admitieron como testigos ofrecidos por la defensa a los concejales cartistas Wilma Alder, Mercedes Quiñónez, Fabio Chilavert y al liberal Rosalino García.
Innumerables pruebas
El juez Otazú también admitió las múltiples pruebas ofrecidas por el Ministerio Público contenidas en el expediente judicial y la carpeta de investigación fiscal, y la defensa de los acusados.
El Ministerio Público, que está representado por la fiscala Elena Fiore, cuenta con un listado de 18 testigos y con cuatro tomos con más de 200 documentales como pruebas para justificar su acusación contra Gustavo Rodríguez y otras ocho personas.
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Entre los testigos están los funcionarios de la Contraloría General de la República, quienes elaboraron el lapidario informe de la auditoría ejecutada a la administración de Gustavo Rodríguez.
Asimismo, se encuentra entre los testigos de la fiscalía el interventor de la Municipalidad de San Pedro de Ycuamadyyú, Amancio Rivas , quien detectó un presunto daño patrimonial de G. 18.000 millones durante su intervención.
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También entre los testigos están directores de instituciones educativas y presidentes de comisiones vecinales donde supuestamente se ejecutaron obras, pero en la realidad no existen. Es decir, en los papeles se hacían figurar como pagadas, pero no se encontró un solo ladrillo por lo que fueron consideradas “obras fantasmas”, según el expediente.
Además de pruebas documentales se tienen los cheques emitidos por la Municipalidad de San Pedro de Ycuamandyyú con firma de Gustavo Rodríguez que no tienen justificativo administrativo, entre rendiciones de cuentas y balances contables.
Los acusados
Junto con Rodríguez están acusados también por lesión de confianza: Vicente Darío Báez Benítez (director de Administración), Sergio Isasi Schweighart (cajero municipal), Fátima María Pereira Ocampo (fiscal de obras) y Gisselle Nohemi Irala Cáceres (tesorera de la comuna sampedrana).
También están acusados en la misma causa: José Luis Baruja Legal (contador), Rubén Alder Leguizamón (funcionario administrativo), Diego Armando Espínola Olmedo (director de Administración) y Pedro Antonio Morel Arévalos (director de la Unidad Operativa de Contrataciones).
Por otro lado, Elena Fiore tiene tiempo hasta el miércoles 28 de mayo para presentar acusación contra el constructor Óscar Cañete Delgado, vinculado recientemente en el esquema de corrupción.