El Concejal Municipal de Villarrica, Wilfrido Portillo, miembro de la bancada de la Asociación Nacional Republicana (ANR), presentó una denuncia penal contra el Intendente Magín Benítez, del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), por el supuesto hecho de coacción grave.
El edil alega que el ejecutivo municipal habría incurrido en amenazas, represalias políticas y campañas de desprestigio luego del rechazo de la rendición de cuentas del ejercicio fiscal 2024 por parte de la Junta Municipal.
En su denuncia, Portillo sostiene que el pago de su dieta mensual lleva más de un mes de atraso, y afecta también a otros concejales colorados. Asegura que esta situación es una represalia directa por la postura crítica de su bancada, que rechazó la rendición de cuentas de la intendencia por presuntas faltas documentales e irregularidades.
El concejal recordó que, semanas atrás, había presentado denuncias ante la Contraloría General de la República (CGR) por supuestas anomalías detectadas en la ejecución presupuestaria del municipio, tras recibirse el informe de la ejecución de gastos de la comuna correspondiente al año 2024. A su juicio, esta acción desencadenó represalias desde el ejecutivo comunal.
Portillo también denunció haber sido víctima de coacción y amenazas, tanto de manera directa como a través de posteos en redes sociales, que —según afirma— forman parte de una campaña de descrédito impulsada desde el entorno del intendente.
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La denuncia fue formalizada ante el Ministerio Público, donde el concejal pidió la apertura de una investigación por coacción grave, y advirtió que continuará recurriendo a los órganos de control si la situación persiste.
Intendente niega coacción y falta de pagos
Por su parte, el intendente Magín Benítez negó rotundamente las acusaciones de amenazas, discriminación o represalias. Afirmó que los pagos de las dietas se realizan de forma regular a partir del décimo día de cada mes, y que los retrasos recientes se debieron exclusivamente a dificultades presupuestarias.
Aseguró que no hay ninguna discriminación hacia los concejales por su afiliación política y que los pagos se procesan conforme ingresan los recursos. Acotó que la situación afecta a toda la estructura municipal, no solamente a la Junta.
Benítez también manifestó que la denuncia carece de fundamento, ya que el cheque correspondiente a la dieta del concejal Portillo estaba disponible desde el día anterior a la presentación de la denuncia. Según explicó, otros concejales ya habían pasado a retirar sus respectivos pagos.
El intendente cuestionó la intención de la denuncia penal y anunció que solicitará formalmente su desestimación, además de pedir a su asesoría jurídica que analice si corresponde iniciar una acción legal por supuesta denuncia falsa.
Benítez indicó que no existen diferencias políticas que condicionen la gestión administrativa. Además sostuvo que la denuncia condice con una campaña de desprestigio y desgaste a la imagen del municipio por parte de la oposición, en este caso, la bancada de la ANR en la Junta.