Mañana, jueves 22 de mayo, a las 9:00, el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), presidido por Jaime Bestard (ANR, HC), abrirá los sobres de ofertas en la polémica licitación de 28.000 máquinas de votación a un costo de US$ 93 millones.
Este proceso ya generó todo tipo de controversias dado que la disidencia colorada denunció que la licitación está direccionada a las empresas ITTI y Technoma, ambas cercanas al presidente de la República, Santiago Peña. El mandatario fue socio de ITTI en ueno Holding Saeca hasta finales de marzo pasado.
La disidencia colorada también advirtió que la firma Tecmont, del titular de la UIP, Enrique Duarte, igualmente sería “apadrinada” por el vicepresidente de la ANR y asesor presidencial, José Alberto Alderete, para ganar la licitación.
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Máquinas de votación: Excelsis
Según denuncias, tampoco descartan que ITTI y ueno, cuyo CEO es Federico Miguel Vázquez Villasanti, utilicen a la firma de software Excelsis, de Daniel Sauca, para ganar el proceso licitatorio, dado que la misma integró el “consorcio” MSA-Excelsis, que ganó la licitación de alquiler de máquinas (MSA) y la provisión de software (Excelsis) de votación en las elecciones municipales 2021 y generales 2023.
Tanto ueno, con Vázquez Villasanti al frente; ITTI, con su director, César Astigarraga, y Excelsis, con Sauca, fueron asociados en numerosas ocasiones en negocios en el pasado (Ver fotografías).
Se teme así que las principales competidoras de la licitación en realidad respondan al cartismo.
Antes, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), cuyo titular es Agustín Encina, hizo más de 30 observaciones de direccionamiento en el pliego de bases y condiciones. La DNCP suspendió el proceso en tres ocasiones.
Entre las oferentes internacionales para proveer las máquinas estarían la firma argentina MSA (ganadora en 2021 y 2023); la internacional Smarmatic (rechazada por el TSJE en 2019) y Miru System, de Corea, la cual no llegó a ser finalista del TSJE en 2019.
Las máquinas que la Justicia Electoral adquiera se pagarán en cuatro años y se usarían por 10 años.