La semana pasada la Cámara de Diputados postergó por siete días el estudio del veto del Poder Ejecutivo al proyecto de ley Nº 7453/2025 “que establece el derecho a la pensión para las personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad social”, que de no ser tratado tendrá sanción ficta el 25 de mayo próximo, lo que implicará aceptación del veto y, por ende, la denegación de la iniciativa.
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El cartismo, de hecho, ya tenía todo listo para archivar ese plan de ley, sin embargo las duras críticas le hicieron rever la situación y postergar su análisis. El proyecto plantea una pensión mensual consistente en el 25% del salario mínimo (G. 699.577 en la actualidad) para personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad certificada por la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (Senadis).
Actualmente existe el subsidio llamado Teko-Discapacitados, pero apenas representa un desembolso cada 2 meses de 180.000 guaraníes.
En la sesión pasada la presidenta de la Comisión de Presupuesto, la diputada cartista Cristina Villalba, argumentó a favor de aceptar el veto, sin embargo, tras duras críticas de correligionarios disidentes, como Roberto González (ANR, Fuerza Republicana) e incluso de aliados como Hugo Meza (ANR, B-oficialista), tuvieron que aceptar la postergación.
El argumento del Gobierno es que supuestamente la implementación de este subsidio implicaría una millonaria ampliación presupuestaria que rondaría los US$ 160 millones, lo que motivó que incluso el aliado cartista Meza catalogara de “mentirosos” y “pecho frío” a los asesores presidenciales
Esto, debido a que como proyectista las estimaciones en base a los datos oficiales que hicieron, se requerirían unos “US$ 8,5 millones al año para cubrir a 100.000 discapacitados”, y que se habría “engañado” al presidente Santiago Peña con números inflados para que firme el veto.
González también le recordó al Gobierno que para otros gastos superfluos y lujos le sobra dinero y no para aquello, que además de ser un derecho establecido en la Constitución Nacional es parte de compromisos internacionales que asumió el Estado paraguayo.
Indolencia reiterativa
El cartismo viene acumulando muestras de indolencia en el área social, que no se limitan solo a este caso. En Senado, cajonearon el proyecto de ley que pretendía redireccionar unos G. 304.000 millones de gastos superfluos a cubrir el déficit de medicamentos e insumos en el Instituto Nacional del Cáncer (Incan).
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Anteriormente negaron otras posibilidad, que era aumentar el Impuesto al Tabaco para cubrir las necesidades.