Un complejo escenario se despliega en torno a la polémica licitación del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) para la compra de máquinas de votación, que ha atravesado un conflictivo proceso de licitación con denuncias de supuesto interés de direccionamiento a empresas afines al cartismo, con la presunta complicidad de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), que recién el pasado 12 de mayo dio luz verde a seguir con el proceso tras una decena de incidentes previos.
Las principales dudas sobre el proceso surgen por las sospechas de presunta vinculación con el cartismo de empresas que pujan en la licitación de estas máquinas de votación, ya que esto, evidentemente, implicaría que tengan bajo su manejo las elecciones.
Por otra parte, pese a compartir la preocupación por una presunta manipulación del proceso, las aguas se encuentran divididas incluso entre colorados disidentes (Fuerza Republicana) y los principales Partido de la oposición con representación en el Congreso, sobre los posibles pasos futuros.
El llamado “Frente Democrático” integrado por legisladores del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Yo Creo, Partido Patria Querida, Partido Democrático Progresista e independientes, además de denunciar ataques a la democracia (entre ellos cambios al sistema electoral) por parte del cartismo, solicitaron suspender la licitación.
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Este último punto, al menos hasta el momento, no ha acompañado Fuerza Republicana.
Mientras el tiempo corre y la falta de definición con la adquisición de las máquinas de votación ya ha obligado a cancelar las elecciones de autoridades partidarias del PLRA, convocatoria que, si bien fue controvertida, estaba fijada para el 17 de agosto próximo, pero quedó desconvocada por ahora.
Ante esto, no se puede dejar de alertar un posible peligro para la municipales del 2026, sobre todo porque hubo intención formal y manifiesta de intendentes de diferentes partidos de extender su mandato y juntar con las elecciones generales del 2028.
Esta intención fue planteada en Diputados en junio del año pasado y, si bien se enfrió, no se llegó a descartar formalmente.
La Justicia Electoral aún no ha realizado la convocatoria formal a elecciones municipales (tentativamente sería el 28 de noviembre próximo), proceso legal importante ya que establece el plazo límite para realizar modificaciones a las reglas que regirán de cara a los siguientes comicios.
La incertidumbre es la misma que se generó previo a las internas generales de diciembre del 2022, cuando una incendio en el depósito del TSJE consumió más de 7.000 máquinas de votación en septiembre de 2022, apenas poco más de dos meses antes de las elecciones.
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Supuesto vínculo con el cartismo
En el Congreso se han solicitado informes sobre este proceso licitatorio y realizaron denuncias de presunto nexo de empresas en pugna con el cartismo.
Apuntan a dos empresas: la coreana Miru Systems y la paraguaya Tecmont SA, del titular de la UIP, Enrique Duarte, que, señalan, es apadrinada por José Alberto Alderete, asesor político de la Presidencia, vice 3º de la ANR y jefe de campaña de la ANR en los últimos comicios presidenciales.