El director general de Asesoría Jurídica de la Municipalidad de Asunción, Benito Torres, descartó la existencia de méritos para una eventual intervención de la comuna capitalina. Afirmó que la institución siempre ha cumplido con la rendición de cuentas ante la Contraloría General de la República y que todos los documentos respaldatorios de la ejecución presupuestaria fueron debidamente remitidos.
Torres sostuvo que los cuestionamientos formulados por la Contraloría no se basan en hechos nuevos y recordó que muchas de las observaciones ya fueron reportadas previamente al Ministerio Público. “El municipio jamás le cerró las puertas a la Contraloría. Siempre hemos puesto la documentación a disposición”, manifestó.
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Caja única
Uno de los principales puntos de controversia gira en torno al uso de la caja única municipal. Según el asesor jurídico, este mecanismo tiene sustento legal en la Ley de Administración Financiera y en una ordenanza municipal vigente desde 2017. “La caja única es una herramienta financiera que también utiliza el Poder Ejecutivo. Que la Contraloría no esté de acuerdo no significa que sea ilegal”, aclaró.
En relación con el procedimiento institucional, el funcionario explicó que los ejercicios fiscales fueron aprobados por la Junta Municipal y remitidos a la Contraloría, conforme al artículo 207 de la Ley Orgánica Municipal. “Ese acto administrativo, al no haber sido impugnado, tiene presunción de legalidad y validez”, enfatizó.
Torres también cuestionó la legitimidad de la Contraloría para solicitar una intervención municipal. “Ellos pueden dictaminar, pero no son jueces. El órgano competente para dirimir esta situación es el Tribunal de Cuentas”, sostuvo.
El funcionario recalcó que, lejos de obstruir los procesos, la Municipalidad acudió a los mecanismos judiciales pertinentes para controvertir el dictamen emitido. “Nosotros mismos solicitamos ser auditados por el Tribunal de Cuentas. Si hay diferencias de criterio, deben resolverse en el marco del Estado de Derecho”, sentenció.
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Obras en ejecución
Finalmente, Torres defendió la legalidad del uso de recursos en obras en ejecución y negó que se hayan destinado fondos a fines indebidos. “Las obras están en curso, y no se ha utilizado un solo guaraní fuera del presupuesto. Cuestionen si no se concluyen, pero hasta ahora se actúa dentro de lo permitido por la ley”, concluyó.