La principal vocera del cartismo fue la presidenta de la Comisión de Presupuesto, “la Madrina” Cristina Villalba, que leyó el dictamen en mayoría por aceptar el veto del Ejecutivo al proyecto de ley Nº 7453/2025 “que establece el derecho a la pensión para las personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad social”.
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Diputados de todos los sectores repudiaron la insensibilidad del gobierno de Santiago Peña, recordando que, mientras este se pasa viajando al exterior o realizando compras superfluas, esta gente realmente necesita una ayuda. Existe el programa “Teko Discapacitado”, pero apenas cobran G. 180.000 cada dos meses.
El diputado Carlos Pereira Rieve (PLRA, PL) también reprochó el cambio de posición de sus colegas cartistas, que con sus votos sancionaron este proyecto y ahora pretendían archivarlo.
Otro que fue duro fue el colorado disidente, Roberto González (ANR, FR), que pidió a sus colegas ” legislar con empatía”. “Ellos analizan desde el punto de vista de los números, pero nosotros tenemos que dignificar a las personas”, dijo.
Remarcó que el argumento supuesto de la falta de fondos, “no es una medida fiscal, es perpetuar la exclusión estructural y el flagrante incumplimiento de mandatos internacionales”, pero sobre todo, una hipocresía mayúscula porque mantiene el derroche con “gastos cuestionables, como aviones y lujos”.
Incluso el diputado aliado cartista, Hugo Meza (ANR, B) recriminó al gobierno, aunque trató de eximir a Peña.
“Me duele que los asesores pecho frío sin sensibilidad de la Presidencia le hayan recomendado (vetar) al presidente de la República, mintiéndole con los datos que este proyecto tendría un costo de US$ 160 millones o más y eso no es cierto”, dijo. Apuntó que en realidad sería solo US$ 8,5 millones para 100.000 discapacitados al año.