Pese a hackeos masivos, el Mitic impondría “protección de datos”

En el 13º punto del orden del día de la sesión ordinaria de hoy de la Cámara de Diputados figura el proyecto de ley “de protección de Datos Personales del Paraguay”, en medio de un gran escándalo de filtración masiva tras hackeo de bases de datos estatales. El titular del Ministerio de Tecnologías de Información y la Comunicación (Mitic), Gustavo Villate, realizó un intenso lobby legislativo por una ley que fue distorsionada.

El entonces presidente en ejercicio, Pedro Alliana se reunió el pasado 28 de abril con líderes de bancada aliados (de izq. a der. dip. Hugo Meza, dip. Rocío Abed y sen. Natalicio Chase) y con el ministro de Mitic, Gustavo Villate, donde justamente pidió apurar este proyecto.
El entonces presidente en ejercicio, Pedro Alliana se reunió el pasado 28 de abril con líderes de bancada aliados (de izq. a der. dip. Hugo Meza, dip. Rocío Abed y sen. Natalicio Chase) y con el ministro de Mitic, Gustavo Villate, donde justamente pidió apurar este proyecto.Foto Gentileza

La versión del proyecto de datos personales a ser sancionada sería la impulsada por el cartismo, mediante un dictamen de la comisión de Equidad Social e Igualdad entre el Hombre y la Mujer, que no solo carece de conocimiento específico en el área, sino que no sometió siquiera a audiencia pública este proyecto a ser tratado.

Hasta ahora hay seis versiones distintas del proyecto y se desechó la versión trabajada en conjunto con organizaciones especializadas de la sociedad civil por más de dos años.

Villate hasta ayer realizó un intenso “lobby” esperando ser órgano de aplicación de esta ley, pese a haber admitido haber sido víctima de una vulneración de seguridad que permitió que millones de datos en poder del Gobierno cayeran en manos de delincuentes cibernéticos.

La ley de Protección de Datos Personales es importante para el resguardo de información sensible de ciudadanos (datos de identidad, crediticios, biométricos y otros), pero el tratamiento a las apuradas genera gran desconfianza.

Sobre todo por la inoperancia demostrada por el Mitic para impedir y responder a ciberataques, y que además se pretende dar poder discrecional al Ejecutivo, dejando la mayor parte de la regulación a la reglamentación.

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