El 14 de abril pasado se realizó una audiencia pública sobre el proyecto de ley de “Protección de Datos Personales del Paraguay”, donde sectores importantes como la Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban) reclamaron algo básico, que no sabían siquiera cuál es el proyecto analizar, ya que se fueron presentando nuevas iniciativas a discreción.
La ley de protección de datos personales pretende regular sobre todo el uso de datos sensibles del ciudadano, que van desde los datos básicos como el nombre, firma, imagen y otros, hasta específicos como la información biométrica o datos de tráfico en internet, para que sean mal utilizados, ya sea con fines comerciales, delictivos o hasta políticos.
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El tema es complejo porque el gobierno de Santiago Peña no solo será regulador, sino también debe ser controlador. Una de las críticas al proyecto es que da mucho poder discrecional al Ejecutivo y deja la mayor parte de la regulación a la reglamentación.
Sexta versión del proyecto de regulación de datos personales
Para ratificar y confirmar el caos, la Comisión de Equidad Social e igualdad entre el hombre y la mujer, presidida por la líder de bancada de Honor Colorado, Rocío Abed, presentó una sexta versión del proyecto de ley el pasado 28 de abril, un par de semanas después de la audiencia. La pregunta es.: ¿Qué conocimiento tiene esta comisión del proyecto de ley en discusión?
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Para sumar a la desprolijidad del tratamiento, ningún diputado oficialista estuvo presente en la audiencia para oír las preocupaciones de los sectores afectados, y tampoco el ministro de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic), Gustavo Villate, supo responder a los cuestionamientos.
Se menciona que Villate planea reunirse con las diferentes bancadas este lunes 12, en la víspera a la sesión ordinaria del martes 13, a las 09:00, a fin de intentar convencerlos. El proyecto figura en el punto 13.
El ministro de Mitic, de la mano del vicepresidente Pedro Alliana (ANR, HC), ya había realizado este trabajo con las dos bancadas oficialistas (Honor Colorado y ANR “B”), demostrando el llamativo afán del gobierno de impulsar este proyecto de ley.