La senadora Lizarella Valiente (ANR, HC) dijo que le preocupa que senadores sean líderes de organizaciones internacionales que tienen sus propias agendas y reciben financiamiento para materializar en las políticas públicas y lograr esos objetivos responde a sus intereses.
“Quisiera saber si la ciudadanía sabe que sus representantes responden a estas organizaciones no gubernamentales para llevar adelante estas agendas. Acá está el senador (Gustavo) Leite que tiene una fundación, en su momento no tuvo problemas en transparentar y ver a qué se dedica y si recibe o no financiamiento internacional”, dijo Valiente.
Afirmó que cualquier persona puede entrar en la página la Fundación Paz Global, una fundación que financia ONG que se reúnen anualmente para ver si lograron o no con sus objetivos, y específicamente el objetivo de la ODS N° 5 de la agenda 2030, dijo.
“Lilian forma parte y es líder de la región de esta fundación, entonces verdaderamente su afán de sacar este proyecto de ley de salas especializadas en violencia contra la mujer ¿es una causa genuina? ¿recibió financiamiento? para llevar adelante este proyecto de ley que ella plantea que es totalmente inconstitucional porque, ante la ley, hombres y mujeres somos iguales", se preguntó.
Valiente desmeritó las estadísticas de casos de violencia contra la mujer y dijo que la creación de juzgados y tribunales deben responder a las necesidades reales de la Corte. Mencionó que conversó con un ministro de la Corte y que le dijo que hay muchas falencias, pero que no responden a las estadísticas como sí existe en la cárcel de Tacumbú donde hay hombres sin condena.
Esperanza le responde
La senadora Esperanza Martínez (FG) respondió a su colega y dijo que respeta la interna del Partido Colorado, pero pidió a los cartistas que no utilicen la interna del partido Colorado para deslegitimar proyectos de ley que tienen otro objetivo y que son la defensa genuina de los intereses de las mujeres.
“El proyecto que crea los juzgados especializados en mujeres responde a la realidad social del Paraguay, donde 30 mil casos en el departamento Central esperan que se haga justicia. No llegan ni a 600 los casos que finalmente terminan con una condena judicial, ese es el objetivo de la ley y no tiene nada que ver con las internas”, recalcó.
Martínez recalcó que, por respeto a la lucha de las mujeres, debía admitirse que se cometió un grave error al tratar de colocar problemas políticos internos para desdibujar un proyecto que tenía claramente un objetivo que fue desvirtuado. “Espero que el presidente vete la ley”, dijo.