En una sesión ordinaria celebrada ayer, la Junta Municipal de Villarrica resolvió rechazar la rendición de cuentas del intendente Magín Benítez (PLRA), correspondiente al ejercicio fiscal 2024. La votación culminó con siete votos en contra, todos de la bancada colorada, frente a cinco a favor de la bancada liberal.
La decisión se sustentó en dos dictámenes contrapuestos presentados por las comisiones de Hacienda y Presupuesto, y de Legislación. Mientras los concejales liberales respaldaron la gestión del intendente, afirmando que respondió a todos los pedidos de informes y presentó la documentación correspondiente, la mayoría colorada optó por rechazarla, alegando múltiples irregularidades.
El dictamen aprobado por mayoría no solo rechaza el informe de gestión, sino que recomienda elevar el expediente a la Contraloría General de la República (CGR) para una auditoría profunda y al Ministerio Público para la eventual apertura de una investigación penal por delitos económicos.
Entre los concejales que votaron a favor del intendente figuran Blas Garcete, Saúl Marecos, Fabiola Torres, Luis Silva y Marcelino Garcete, todos del PLRA.
En tanto, los votos en contra provinieron de Diego Bogado, Alfredo Toledo, Guadalupe Alfaro, Óscar Portillo, Esteban Torres, Wilfrido Portillo y el presidente de la Junta, Ovidio Cuevas, todos de la ANR.
¿Por qué se rechazó el informe?
El dictamen que derivó en el rechazo del informe menciona en primer punto, que desde la Intendencia se habrían ejercido presiones a través de funcionarios, quienes constantemente acudían a la Junta a labrar actas sobre la entrega de documentos y solicitaban la devolución de papeles previamente divulgados por redes sociales.
Un informe contable independiente, contratado para analizar la ejecución presupuestaria, fue tomado en cuenta para la decisión.
Este califica la administración de Benítez como “ilegal y negligente” en el uso del Presupuesto General de Gastos, cuestionando erogaciones por más de G. 1.300 millones sin los debidos documentos respaldatorios.
Según el informe, se observan específicamente gastos por G. 317 millones en servicios no personales, bienes de consumo e insumo, inversión física y transferencias; G. 744 millones en obras de la Terminal de Ómnibus; G. 213 millones en servicios técnicos y G. 114 millones para asesorías y consultorías ambientales; sin comprobantes, contratos ni facturas.
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Las críticas más duras se centran en la adjudicación de unos G. 1.500 millones para obras viales que, según el dictamen, fueron ejecutadas parcialmente o ya muestran signos de deterioro. Además, se denuncia que dichas obras se adjudicaron sin licitación, por vías excepcionales y contratación directa, con el supuesto fin de eludir el control de la Junta.
Otro de los puntos fue el uso de tarjetas flota de Petropar. La rendición indica la existencia de 56 tarjetas, pero los registros de Petropar reflejan 58, generando dudas sobre el destino de las dos faltantes y alimentando sospechas de uso indebido.
Según el dictamen, no existe un control adecuado de la utilización de las tarjetas. No se presentaron datos de kilometraje, objetivos de los recorridos ni identificación de los vehículos abastecidos. Incluso se habla de supuestos casos de abastecimiento a vehículos particulares no autorizados por la institución. Además, en el periodo de septiembre a diciembre de 2024, se desembolsaron G. 279 millones a Petropar en concepto de combustibles y lubricantes, sin informes que detallen el uso real del producto adquirido.
La Junta también volvió a cuestionar los aportes a instituciones sin fines de lucro. Se reporta un desembolso de G. 383 millones sin las facturas correspondientes, sin registro de directivos, sin declaraciones juradas ni certificados de cuentas bancarias.
La oposición colorada argumenta que la gestión de Benítez está marcada por una ejecución presupuestaria opaca, con falta de transparencia en procesos de compra y pagos a terceros, lo que justificaría la intervención de los órganos de control estatal.
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Tras la remisión oficial del dictamen, la Intendencia de Villarrica tendrá un plazo de 30 días para aceptar las recomendaciones de la Junta o vetar la resolución.
El Intendente no dio declaraciones oficiales a la prensa, puesto que aún no recibió el dictamen de manera oficial. No obstante, el jefe comunal posteó en sus redes un video donde asegura que el rechazo a su rendición de cuentas no va más allá de una decisión política, por encima de cuestiones jurídicas o técnicas.