La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), cuyo titular es Agustín Encina, resolvió rechazar las protestas y denuncias de direccionamiento contra la licitación que busca adquirir 23.000 máquinas de votación.
Dicho proceso está a cargo del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), ente presidido por Jaime Bestard (ANR, HC). Estas máquinas, su software y su sistema de respaldo ya no serán alquilados como en el pasado y deberán utilizarse en las elecciones municipales del 2026 y las generales del 2028 en adelante.
De esta forma, la DNCP levanta, por segunda vez, la suspensión contra el proceso N° 460034 que involucra el gasto por US$ 93 millones de los contribuyentes.
Ahora, la Justicia Electoral reprograma su calendario y recibirá las ofertas hasta el lunes 12 de mayo a las 08:30. Ese mismo día, a las 09:00, abrirá los sobres de los oferentes. El trámite se retoma pese a las numerosas denuncias de direccionamiento en el pliego de bases y condiciones para favorecer a un solo concursante.
Estas denuncias fueron presentadas a la DNCP por las firmas Comitia Paraguay, Grupo MSA SA, Miru Systems y la Aseguradora Tajy.
Debían investigar las protestas los jueces Ana María González Oviedo y Daniel Agustín Olmedo. La jueza instructora Rebecca Thompson Ruiz fue la encargada de iniciar una investigación de oficio cuyo resultado nunca trascendió.
Máquinas de votación para TSJE: vinculadas a Santiago Peña
Se desconoce cuál oferente sería beneficiada irregularmente, pero se apunta contra empresas vinculadas al presidente de la República, Santiago Peña, ITTI y Technoma, mimadas del Poder Ejecutivo, que ya ganaron numerosas licitaciones en el TSJE, la Policía Nacional y otros.
“Todas las empresas dicen que le benefician a otra, en una licitación de esta magnitud es normal esta lucha empresarial”, señalaron voceros del TSJE.
Esta licitación creó un fuerte cruce entre la Dirección de Contrataciones y la Justicia Electoral.
La primera reportó 32 observaciones de presunto direccionamiento y la segunda dijo que había una dilación innecesaria.
Contrataciones suspendió la licitación el 28 de marzo y la rehabilitó el 3 de abril. Contrataciones la volvió a suspender a mediados de abril y luego le vuelve a dar “luz verde” con resoluciones fechadas el 30 de abril pero divulgadas ayer en la web de DNCP.
Por su parte, el Congreso creó una comisión especial para vigilar la licitación. Sin embargo, no se han reportado reuniones de la misma.