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El juzgado de Garantías fijó para los días 22, 23, 26 y 27 de mayo próximo, la audiencia preliminar para la intendenta de Quyquyhó, Patricia Corvalán (ANR-HC), y para otras 13 personas acusadas por administración en provecho propio, lavado de dinero y asociación criminal. Es en el marco de la causa “Esteban Samaniego sobre enriquecimiento ilícito y otros” por una supuesta malversación de G1.108 millones de la Municipalidad de Quyquyhó cuando el diputado cartista fungía de intendente.
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Asimismo, debe comparecer al juzgado para su audiencia, Blanca Álvarez, madre del parlamentario, quien también está acusada en la misma causa, al igual el empresario Andrés Arrúa Brítez, socio de la empresa BH Services, y quien aparece como copropietario de la residencia del diputado Samaniego y su esposa Patricia Corvalán.
Todos los implicados en el esquema de corrupción que fue montado, supuestamente, para desviar dinero de la Municipalidad de Quyquyhó, ya están acusados, mientras que el diputado Esteban Samaniego sigue blindado por sus fueros ante el corporativismo de sus colegas de la Cámara Baja.
En diciembre del 2023, el fiscal Silvio Corbeta imputó al diputado Samaniego y el juez Humberto Otazu comunicó a la Cámara de Diputados el acta de imputación contra uno de sus miembros ese mismo mes.
En tanto que, en marzo del 2024, el juez Otazú reiteró el pedido de desafuero del cartista, sin embargo, a un año del urgimiento judicial, la Cámara de Diputados, sigue blindando al parlamentario.
Mientras que, el pasado 21 de abril, la Coordinadora de Abogados del Paraguay presentó el cuarto urgimiento a la Cámara de Diputados, para que se analice el pedido de desafuero.
Según la investigación fiscal, los G. 1108 millones fueron direccionados para refaccionar una vivienda de la pareja de cartistas en Asunción en detrimento del dinero de los contribuyentes de Quyquyhó.