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La Cámara de Diputados publicó el orden del día de la sesión ordinaria convocada para el martes 29 próximo a las 9:00, que cuenta con 19 puntos. Entre todos,se destaca el proyecto de ley “que establece la incorporación al Presupuesto General de la Nación de los recursos asignados por las entidades binacionales Itaipú y Yacyretá a los gastos sociales” y una batería de pedidos de informes enviados al “freezer” por el cartismo.
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En medio de presuntos negociados con millonarias licitaciones, principalmente en Itaipú, cuyo director paraguayo es el cartista Justo Zacarías Irún (esposo de la líder de la bancada cartista en Diputados, Rocío Abed), antes de Semana Santa, Honor Colorado postergó el tratamiento del proyecto relacionado a la transparencia de los millonarios fondos sociales de la binacionales. Ahora, volvió a ser incluido mediante moción de preferencia del diputado Mauricio Espínola (ANR, Fuerza Republicana)
La iniciativa impulsada por diputados opositores y colorados disidentes plantea que dichos fondos, que ascienden a unos US$ 670 millones anuales (US$ 650,9 millones en Itaipú y US$ 20 millones en Yacyretá), ingresen al presupuesto general, a fin de que se rinda cuentas sobre su uso, ya que, actualmente, con el argumento de que supuestamente las binacionales son casi “un Estado aparte” donde reina la impunidad, no rinden cuentas sobre las licitaciones a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, ni sobre el uso del dinero ante la Contraloría General de la República (CGR).
Solamente este año, se denunciaron irregularidades en la compra de pupitres, por un total de US$ 32 millones, presuntamente sobrefacturados (ya denunciado ante la Fiscalía), y el presunto direccionamiento en la compra de ambulancias y equipo de escuchas legales (espionaje), todas ellas presuntamente ya digitadas a favor de empresas amigas, algunas exsocias comerciales del presidente de la República, Santiago Peña.
Veintena de pedidos de informes y declaraciones cajoneadas
La mayoría aplastante cartista en Diputados tiene como práctica común cajonear -remitiendo a comisiones- los proyectos que buscan poner luz a cuestiones turbias por parte del Ejecutivo, los cuales totalizan 11 pedidos de informes y 10 proyectos de declaración.
Entre los principales, se encuentran precisamente pedidos de informes sobre las acciones con la que contaba hasta hace unas semanas el presidente de la República, Santiago Peña en ueno Holding.
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Se trata del proyecto “que pide informes al Banco Central del Paraguay – Superintendencia de Bancos sobre la participación del jefe de Estado en la compra y venta de acciones y/o cuotas sociales en personas jurídicas reguladas por la entidad”.
También se volvió a incluir el “que pide informes a la Entidad Itaipú Binacional en relación a la licitación para la compra de ambulancias para el Servicio de Emergencias Médicas Extrahospitalarias (SEME) realizada por la entidad, prescindiendo del procedimiento previsto en la Ley Nº 2051/03, de las contrataciones públicas”.
También hay otros varios ya de larga data, que piden informes al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), cuando aún era miembro el ahora exdiputado cartista, Orlando Arévalo. El mismo era “blindado” por su bancada, hasta que debió renunciar por revelarse indicios, mediante la publicación de conversaciones filtradas con el difunto diputado cartista Eulalio “Lalo” Gomes, del presunto uso indebido de influencias que hacía desde el cargo.