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En reunión de mesa directiva de la Cámara de Senadores, la senadora Lilian Samaniego (ANR, independiente) solicitó incluir en el orden del día de la sesión ordinaria, del miércoles, prevista para las 9:00, el proyecto de ley que crea juzgados y tribunales especializados en violencia contra la mujer.
La norma cuenta con dictamen de la comisión de Legislación a favor de la ratificación. El cartismo prefirió no dictaminar el proyecto durante su estudio, por lo que se cree votarán a favor de la versión de Diputados.
La mesa directiva, presidida por Basilio “Bachi” Núñez (ANR, HC), incluyó el proyecto de ley entre los puntos a ser estudiados. Ahora, la Cámara Alta deberá definir si quiere mantener su versión, de lo contrario el texto de Diputados quedará sancionado. La Cámara Baja amplió el alcance de los juzgados y tribunales especializados en violencia contra la mujer a especializados en violencia contra la familia.

Samaniego dijo que la versión de Diputados desvirtúa la protección integral a las mujeres y la esencia de la creación de los juzgados y tribunales, porque se refiere solamente a la violencia familiar y no es la realidad de la mujer paraguaya, dijo, y afirmó que las mujeres reciben violencia en el trabajo y en la calle.
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Asimismo, manifestó que la versión del Senado sí acompaña la Ley 5777 de Protección Integral a las mujeres contra toda forma de violencia. “Es un complemento y habla de la integridad de la mujer, de los derechos humanos de la mujer, de su dignidad, de su integridad, de la vida, de la libertad”, dijo la parlamentaria.
El proyecto de ley tiene por objeto la creación de juzgados y tribunales especializados en materia de violencia contra las mujeres, con el fin de garantizar una respuesta eficaz y oportuna a las mismas, salvaguardar la integridad física, psicológica, sexual, patrimonial y económica, prevenir, sancionar, y erradicar integral y multidisciplinariamente la violencia, proteger el derecho a una vida libre de toda forma de violencia.
Menciona que las disposiciones de la normativa serán de orden público y además se declara prioridad estatal la erradicación de la violencia hacia las mujeres (niñas, adolescentes, jóvenes, adultas y mayores) y el actuar con la debida diligencia para ese fin.