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La Ley Nº7453/2025 “Que establece el derecho a la pensión para las personas con discapacidad” fue sancionada por el Congreso Nacional el pasado 5 de marzo, luego de estar por casi dos años “saltando” de la Cámara de Diputados a la Cámara de Senadores, debido a las diferentes modificaciones que se fueron introduciendo al proyecto.
La Cámara de Diputados aprobó el proyecto el 22 de noviembre del 2023, mientras que la Cámara Alta rechazó la iniciativa en mayo del 2024. El proyecto volvió a Diputados, cuyo pleno se ratificó en su versión el 14 de agosto del 2024.
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La legislación asigna el 25 % del salario mínimo (G. 670.093) a las personas con grado de discapacidad moderada y/o grave, que le impida ejercer actividades laborales; y estar en situación de vulnerabilidad social. Serán beneficiadas de la pensión todas las personas con discapacidad ya sean físicas, psíquicas y sensoriales, sean congénitas o adquiridas, las cuales les impidan desarrollar una actividad laboral digna y remunerada.
Sin embargo, el pasado 25 de marzo el presidente Santiago Peña objetó totalmente la ley argumentando que no se tiene viabilidad material y presupuestaria para destinar a las personas con discapacidad. Cuestionó también que la ley sancionada por el Congreso Nacional no establece parámetros claros para la determinación del grado de discapacidad. Alega también que el Ministerio de Economía y Finanzas no tiene fuente de financiamiento para destinar USS 136,7 millones anuales para la pensión de los discapacitados.
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La objeción total fue recibida por la Cámara de Diputados la semana pasada y girada a las Comisiones Asuntos Económicos y Financieros, Legislación y Codificación, Derechos Humanos, Presupuesto, Cuentas y Control de Ejecución Presupuestaria, Equidad Social e Igualdad de Derechos del Hombre y la Mujer, Familia y Personas Adultas Mayores, y de Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad antes de ser tratado en el pleno, que debe ser antes de los 60 días de la recepción de la objeción.
El pasado 11 de abril la Coordinadora Nacional de Personas con Discapacidad emitió un comunicado de repudio contra la insensibilidad del Presidente Santiago Peña, que niega unos G.600.000 a las personas con discapacidad, pero otorgan múltiples beneficios a su entorno político y las empresas con las que posee vínculos.
¡Nos piden ajustar nuestros cinturones! ¡A nosotros, cuyas vidas ya son un constante apretón ante la falta de oportunidades y recursos!”, reza una parte del comunicado.