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Se trata del Proyecto de Ley “Que crea el programa de apoyo económico para mujeres sobrevivientes víctimas de violencia feminicida o en contexto de violencia familiar, con daños físicos y manifiestos”, presentado por el diputado Saúl González (ANR-HC), quien reemplazó al cuestionado cartista Orlando Arévalos, tras su renuncia por el escándalo de los chats con Eulalio “Lalo” Gómez.
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En su exposición de motivos, el parlamentario indica que el objeto es brindar amparo económico para su inserción integral en la sociedad a las mujeres sobrevivientes víctimas de violencia feminicida o en contexto de la violencia familiar, que hayan sufrido daños físicos graves y manifiestos.
En cuanto, al apoyo económico previsto, será abonado por el Estado, en concepto de pensión en forma mensual, en un valor equivalente al 70% del salario mínimo legal vigente.
En todos los casos, el aporte mensual será por un período de diez años, salvo que las víctimas hayan sufrido daños que la dejen con secuelas de por lo menos 33% de discapacidad, siendo en este caso de por vida el beneficio de la pensión mensual para las afectadas.
El proyecto de ley agrega que en la reciente ley Nº 7349 “De pensión para niñas, niños, adolescentes y personas con discapacidad víctimas colaterales de feminicidio u homicidios de su progenitor en un contexto de violencia familiar” no prevé la asistencia económica para las mujeres víctimas sobrevivientes de violencia feminicida y que, en la mayoría de los casos quedan con graves daños físicos, que le dificultan su inserción con naturalidad en la sociedad.
Secuelas y dificultades para desarrollarse
El proyectista indica que muchas de las mujeres, que lograron salvar sus vidas, víctimas de intento de feminicidio o en algún contexto de violencia familiar, quedan con secuelas permanentes que les imposibilitan relacionarse en la sociedad con las posibilidades, oportunidades y condiciones que cualquier otro ser humano.
Agrega que algunas tienen dificultad para conseguir trabajo porque quedaron con las manos amputadas, rostros desfigurados, rostros con cicatrices profundas, piernas desviadas a consecuencia de las fracturas, cojera al caminar, y otras dificultades psicomotoras que la han dejado en un estado de alta vulnerabilidad y discriminación.
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De aprobarse esta iniciativa parlamentaria, será el Ministerio de la Mujer la responsable de su implementación y fiel cumplimiento. En tanto que, para ser beneficiaria de dicha pensión, se deberá demostrar a través de un procedimiento sumario, los daños físicos graves y manifiestos padecidos, presentando con su solicitud ante el Ministerio de la Mujer, el certificado médico que certifique el daño físico grave y las posibles y/o existentes secuelas.
Los documentos expedidos por profesionales de la salud deberán estar visados por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.
El proyecto de ley, ingresó en la Cámara de Diputados el pasado 10 de abril y fue girado a las Comisiones de Asuntos Económicos y Financieros; Legislación y Codificación; Justicia, Trabajo y Previsión Social; Derechos Humanos; Presupuesto y De Cuentas y Control, para su estudio correspondiente.