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El diputado colorado disidente Roberto González volvió a criticar al presidente de la República, Santiago Peña, al acusarlo de incurrir en mal desempeño de funciones por su supuesta participación como accionista en Ueno Holding y por presuntos vínculos con empresas beneficiadas en licitaciones públicas.
González sostuvo que estas acciones constituyen una violación a la Constitución Nacional y podrían justificar un eventual juicio político, aunque aclaró que no está en discusión impulsar la medida.
“Para mí, con todos estos escándalos relacionados con el ejercicio del comercio por parte del presidente, su conducta encaja dentro de lo que la Constitución denomina mal desempeño de funciones”, afirmó.
El legislador fundamentó su acusación en el artículo 237 de la Carta Magna, que prohíbe al presidente de la República dedicarse a actividades privadas como el comercio o la industria que generen renta y puedan afectar sus deberes públicos. “Mientras se es presidente, no se puede ejercer el comercio”, remarcó.
González explicó que el mal desempeño puede originarse tanto por acción —hacer lo que está expresamente prohibido— como por omisión —no cumplir con las obligaciones establecidas—. En este caso, señaló que Peña habría incurrido en una infracción desde el inicio de su mandato, al mantener su vinculación con Ueno Holding. “¿Lo hacía por filantropía, caridad o altruismo? No. Estaba buscando generar renta, y eso se llama comercio, algo que le está vedado según el artículo 237”, sostuvo.
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El diputado también mencionó el artículo 225 de la Constitución, que establece las causales para el juicio político, y cuestionó si la conducta de Peña podría encuadrarse dentro de esas causales.
“La pregunta es: ¿ejerció o no el comercio? ¿Hizo lo que la Constitución prohíbe? Y la respuesta es sí”, sentenció.
González insistió en que estas presuntas irregularidades deben ser abordadas para resguardar la institucionalidad democrática del país, a la que calificó como “débil”.
“Cada vez que un presidente incumple sus obligaciones o transgrede la Constitución y las leyes, debemos activar el juicio político”, propuso, subrayando la necesidad de proteger las instituciones republicanas.