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Buzarquis explicó que el desalojo afectó a 150 familias y se realizó en plena feria judicial, a pesar de que existía una medida cautelar vigente, lo que constituye una grave violación al Estado de derecho. “El desalojo se llevó a cabo en plena feria judicial, lo cual resulta bastante llamativo”, insistió.
Agregó que se ha planteado la usucapión, ya que las familias llevan más de 20 años asentadas en el lugar, donde cuentan con servicios básicos suministrados por el Estado. Apoyaron a los desalojados los senadores opositores José Oviedo (Yo Creo), Yolanda Paredes (Cruzada Nacional), Esperanza Martínez (Frente Guasu) y Rafael Filizzola (PDP).
Paredes repudió al Indert y criticó que la Fiscalía de Caazapá use el término cesación de hecho punible para el desalojo cuando dicha figura no existe en el Código Penal.
Conservación de datos en caso de pornografía infantil
El Senado también aprobó con modificaciones y devolvió a la Cámara de Diputados el proyecto de Ley “que dispone la obligatoriedad de la conservación de datos de tráfico para combatir la pornografía relativa a niños y adolescentes y otros hechos punibles”, presentado por el diputado Rodrigo Blanco (PLRA).
La senadora Lizarella Valiente (ANR, HC), presidenta de la Comisión de Familia y Niñez, explicó que la iniciativa permite que, mediante orden judicial, se pueda acceder a la información almacenada por las empresas de telecomunicaciones, las cuales estarán obligadas a conservar los datos de tráfico por un plazo de 12 meses.