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Respecto a la divulgación de documentación que confirmó que el presidente de la República, Santiago Peña fue -hasta hace unos días- socio comercial de empresas ampliamente beneficiadas con contratos públicos, el diputado colorado disidente Roberto González afirmó: “Es gravísimo. Una vez más la consecuencia de tener un comerciante ejerciendo la presidencia de la República”, a tal punto que no descarta que amerite incluso el juicio político.
El exsenador colorado y abogado constitucionalista Hugo Estigarribia fue uno de los primeros en plantear que corresponde el juicio político del presidente Peña por violar la Constitución, que establece que su rol de presidente es incompatible con otras actividades.
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“NEGOCIOS PRIVADOS VS. INTERÉS PÚBLICO=PEÑA ATRAPADO EN CONFLICTO DE INTERESES DEBE SER OBJETO DE ACUSACIÓN DE JUICIO POLÍTICO, sin importar que no se tengan ahora los votos en Diputados, la oposición debe iniciar el proceso por la institucionalidad de la República. HAGAMOS PATRIA!”, escribió Estigarribia en su cuenta en X.
El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales de Diputados coincidió bastante en el análisis jurídico de Estigarribia, cuyo criterio jurídico de hecho elogió.
“Viene un constitucionalista reconocido en nuestros medios. Yo creo que si se pone a ahondar en el estudio sobre el tema, probablemente vamos a concluir que sí. ¿Por qué? Porque él ha incumplido una una disposición de rango constitucional. No puede participar directa ni indirectamente en negocio privado”, señaló González.
Ambos abogados coinciden que se violó el artículo 237 de la Constitución Nacional “de las incompatibilidades”, que señala que “el Presidente de la República y el Vicepresidente no pueden ejercer cargos públicos o privados, remunerados o no, mientras duren en sus funciones. Tampoco pueden ejercer el comercio, la industria o actividad profesional alguna, debiendo dedicarse en exclusividad a sus funciones”.
“CONSTITUCIÓN NACIONAL(CN) ES MUY CLARA(Art. 237)EN CUANTO A INCOMPATIBILIDADES, EN EJERCICIO DE ALTOS CARGOS PÚBLICOS, por lo que, lo actuado por Peña, se enmarcaría en causal de juicio político (Art.225, CN), consecuentemente correspondería su inicio en Diputados. DURA LEX, SED LEX!”, acotó Estigarribia.
Por su parte, González acotó “No puede participar directa ni indirectamente en negocio privado. Y si su empresa donde tiene paquete accionario -sin importar qué porcentaje de las acciones que tiene él-, ya es una participación directa o indirecta en una empresa que viene ganando millones y millones a remolque del Estado. Sería muy fácil ser un gran comerciante, un gran empresario, si es que uno siempre va a vivir a remolque del Estado”, dijo.
Atentos a que no haya sido simulado
El diputado Roberto González también alertó sobre la posibilidad de que el supuesto desprendimiento de Peña de sus acciones haya sido solo para salir del radar y poder continuar con los negociados por debajo de la mesa.
“Ojalá que no sea una simulación de alto jurídico. Simulación de alto jurídico es cuando uno cede, transfiere su paquete accionario a alguien de su extrema confianza, y aparece como que vendió. Solamente le dio a una persona de su extrema confianza y con esa excusa que ya vendió las acciones, entonces se irá ganando licitaciones”, dijo.
Remarcó que le preocupa especialmente eso “que solapado bajo la simulación de acto jurídico siga ganando licitaciones, o en otros caso, siga adjudicándoseles (a sus anteriores socios comerciales) a través de la binacionales fundamentalmente”, donde el control es nulo.
