En represalia contra la USAID, el cartismo rechaza crear universidad

En una nueva represalia del cartismo contra la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), la Cámara de Senadores rechazó en su última sesión ordinaria elevar al Instituto de Desarrollo (ID) a la categoría de universidad, por haber recibido fondos del extranjero. El senador Rafael Filizzola (PDP) repudió que la animadversión de un gobierno contra una agencia extranjera perjudique a una organización educativa.

Fotografía del Instituto Desarrollo.
Fotografía del Instituto Desarrollo.

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Por su parte, la senadora Yolanda Paredes (Cruzada Nacional) cuestionó que de ahora en más sea “ilegal” recibir fondos de la USAID. Agregó que desconoce a los dueños de la institución, pero que en tal caso, los cartistas deberían revocar todas las obras hechas en Paraguay con el apoyo que dicha agencia hacía a los gobiernos de “países bananeros” como el nuestro.

Finalmente, el pleno resolvió rechazar y devolver a Diputados el proyecto de ley “que crea la Universidad Internacional de Desarrollo”, presentado por varios diputados. El expediente planteaba elevar así la categoría de la entidad “Desarrollo instituto de Capacitación y Estudios”, reconocido en la Ley 2872/06.

Durante el debate, el senador Ramón Retamozo (ANR, aliado cartista), en representación de la Comisión de Cultura y Educación, señaló que el proyecto presenta errores formales y debía ser corregido en su origen. “Dice instituto de Desarrollo y debe decir del Desarrollo”, sostuvo. Sin embargo, la senadora Lizarella Valiente (ANR, HC) solicitó el rechazo del documento, argumentando que se había solicitado informes sobre el destino de los fondos USAID y no obtuvieron respuestas. “Esta ‘universidad’ estuvo trabajando con los fondos de USAID y recibieron US$ 4.800.000”, señaló.

Agenda contra las ONG y USAID

En agosto de 2024 el cartismo y sus satélites orquestaron una persecución contra las ONG y una comisión bicameral, conocida como “garrote”, para perseguir a organizaciones civiles críticas al gobierno de Santiago de Peña financiadas por USAID (agencia cerrada por Donald Trump).

También persiguieron a enemigos políticos y bancos vinculados a medios de prensa críticos.

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