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El suboficial de policía Gustavo Florentín, procesado por el homicidio del joven liberal Rodrigo Quintana, ocurrido en la madrugada del 1 de abril de 2017, llegó ayer a la sede del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) fuertemente custodiado. Estuvo en compañía de su abogado defensor, Rodrigo Estigarribia, y los magistrados integrantes del Tribunal de Sentencia: Lourdes Garcete, Rossana Maldonado y Manuel Aguirre.
Rodrigo Quintana, dirigente liberal de La Colmena, Paraguarí, fue la principal víctima de la represión estatal durante las protestas contra el plan del entonces presidente Horacio Cartes, de introducir ilegalmente, vía enmienda constitucional, la figura de la reelección.
Los manifestantes quemaron parcialmente el Congreso cuando el edificio fue abandonado por la Policía y las fuerzas de choque, en represalia, recorrieron el centro capitalino reprimiendo manifestantes, llegando hasta el PLRA.
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Este caso de terrorismo de Estado no logró que Cartes concretase la reelección y su candidato presidencial, Santiago Peña, perdió las internas de la ANR en 2017.
Reconstrucción del crimen de Rodrigo Quintana
La constitución de los jueces y del acusado en la sede partidaria es una diligencia clave en el marco del juicio que entró en la etapa final tras ocho años de dilaciones y chicanas.
Ayer, Florentín ingresó al PLRA equipado con casco, chaleco antibalas y esposas, llevado por la Policía, caminando por el mismo pasillo en el que aquella noche disparó con balas reales y mató a Rodrigo Quintana, según quedó registrado en cámaras de circuito cerrado.
Uno de los momentos más tensos se dio cuando estuvo frente a frente con Sol Quintana, hija del dirigente asesinado.
A su turno, los jueces integrantes del Tribunal de Sentencia realizaron varias preguntas al encargado del edificio partidario, así como a otras personas que cumplen funciones diarias en el Directorio del PLRA.
Además de tomarse datos in situ, se realizaron mediciones del perímetro y determinando detalles como la apertura de puertas en ese pasillo.
Los magistrados estuvieron acompañados por peritos del Poder Judicial y un fuerte dispositivo de seguridad. Tras la diligencia, los jueces y el acusado volvieron a la Corte Suprema para retomar el juicio.
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En diálogo con trabajadores de prensa, Estigarribia, defensor de Florentín, sostuvo que las pruebas periciales que supuestamente tiene demuestran que su cliente no hizo el disparo mortal. El letrado sostuvo que otro policía, Arnaldo Báez, identificado como el que impidió que asistieran al fallecido, sería el autor de los disparos.
Impunes dieron la orden de atropellar el PLRA
Con este proceso quedarían impunes las autoridades civiles, políticas y policiales que dieron la orden de atracar la sede del PLRA. La oposición acusó al gerente de Tabesa, José Ortiz, de ordenar el ataque, pero nunca fue investigado. La fiscala Raquel Fernández dijo que no haría el cruce de llamadas porque eso era solo “morbo”.
En abril de 2018, la Fiscalía pidió el sobreseimiento del comisario Tomás Paredes Palma(+) pese a que el operativo policial habría estado a su cargo.
En mayo de 2019 el Senado rechazó el ascenso al comisario Julio César Melgarejo, quien tenía a su cargo a Gustavo Florentín. El suboficial Arnaldo Báez, quien habría impedido auxiliar a Rodrigo Quintana, y el policía Éver Benítez también fueron sobreseídos.
El ministro del Interior durante el 31M, Tadeo Rojas, nunca enfrentó consecuencias y hoy es ministro de Desarrollo Social en el gobierno de Santiago Peña.
Solo el oficial inspector Guido Amarilla sigue procesado pero por lanzar otros disparos dentro el PLRA.