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El tratamiento en particular del proyecto de ley de “protección de datos personales” se encontraba en el punto seis del orden del día de la Cámara de Diputados, sin embargo, la titular de la comisión de Equidad Social y líder de la bancada cartista Rocío Abed reculó, pese a contar ya con un dictamen emitido y solicitó el aplazamiento por 15 días, lo cual fue aprobado.
“Pido el aplazamiento del punto seis, para revisar algunos puntos de un dictamen ya emitido por que hoy fue tapa en un medio injustamente, se le dio un destaque importante y los miembros de la comisión coincidimos en solicitar el aplazamiento por 15 días”, dijo Rocío Abed.
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Desde hace tiempo, varios legisladores y actores sociales trabajan en una necesaria ley de protección de datos personales. Sin embargo, la denominada “todopoderosa” comisión de Equidad Social introdujo riesgosas modificaciones al documento que peligran derechos básicos como el Estado Social de Derecho hasta el libre acceso a la información pública, desvirtuando completamente el proyecto inicial.
Varios sectores de la sociedad y diputados opositores denunciaban que las modificaciones introducidas por el cartismo a último momento sería la aprobaba, ignorando las recomendaciones que los técnicos venían trabajando en el proyecto desde la Comisión de Ciencia y Tecnología.
Pidió audiencias públicas para analizar ley
El proyecto original es impulsado por el diputado Rodrigo Blanco (PLRA), pero las modificaciones que pretende introducir el cartismo son sumamente peligrosas.
Al respecto, la diputada Rocío Vallejo, a más de la postergación pidió también que se organicen audiencias públicas, atendiendo las modificaciones que se incluyeron en el proyecto ya aprobado de manera arbitraria y que desvirtuaron la ley. Indicó que es una nueva ley, diferente a la ya analizada y que viola el principio de legalidad.
“Yo pediría que se llame a una audiencia pública porque esta propuesta tiene una nueva estructura jurídica de administración. Tiene algunos vacíos y cuestiones que se deben definir. Viola el principio de legalidad porque las sanciones y sus castigos deben estar en la ley y no en la reglamentación. Esta ley fue presentada a finales del año pasado. Es una nueva ley, nunca se debatió en las diferentes audiencias. Esto hay que discutirlo y citar a todos los sectores”, dijo la diputada opositora.
Con el proyecto impulsado por el cartismo, se pretende dar al Gobierno la potestad de controlar el uso de datos personales, justo cuando se pone en duda su capacidad para ello, luego de que la semana pasada se haya denunciado una filtración masiva de datos obtenidos de fuentes públicas y además,el lunes se supo del supuesto hackeo a autoridades nacionales a manos del Gobierno de Brasil.
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De avanzar la iniciativa del cartismo, se pondría en riesgo la Ley de Libre Acceso a la Información Pública, ya que, en el artículo 24, se establecen posibles restricciones a la solicitud de datos de funcionarios públicos.
Esto debido a que se pretende establecer un procedimiento donde, ante el requerimiento de datos de funcionarios, se les correrá traslado sobre el pedido para que no solo tengan conocimiento, sino pudiendo estos dar su negativa a proveer la información.